El Gobierno reemplazó la segmentación N1/N2/N3 por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), ajustó topes de ingresos y redefinió bonificaciones y consumos subsidiados. Las claves para entender qué pasa desde febrero y qué mirar en las facturas.

El Gobierno nacional comenzó a implementar en febrero un nuevo esquema de asistencia para servicios públicos que unifica los subsidios bajo el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), dejando atrás la segmentación por niveles N1, N2 y N3. La idea oficial es seguir recortando el gasto en subsidios energéticos —que cayó desde 1,5% del PBI en 2023 a 0,65% en 2025 y debería bajar a 0,5% en 2026—, pero el rediseño también cambia “quién recibe”, “cuánto” y “por qué consumo” se subsidia.

El nuevo régimen concentra la asistencia en una sola categoría: hogares que requieren apoyo estatal “para acceder al consumo indispensable de energía”, e incorpora bajo el mismo paraguas tanto la electricidad y el gas natural, como el GLP en garrafas de 10 kg y el gas propano por redes (para zonas sin gas natural).

Una de las modificaciones más sensibles es el ajuste del tope de ingresos para acceder al beneficio: el umbral baja de 3,5 a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo de cuatro integrantes. Con el valor de CBT de enero informado por Indec ($1.308.713), el tope de ingresos se reduce de $4.580.495 a $3.926.139. Además, se mantienen criterios de continuidad (por ejemplo, veteranos de guerra o ReNaBaP) y criterios de exclusión patrimonial (autos nuevos, cantidad de inmuebles, activos, etc.).

Para quienes ya estaban anotados en el viejo registro (RASE), la migración es automática: no deberían reinscribirse. En cambio, usuarios de garrafas (Programa Hogar) y algunos casos de GLP por redes sí deben registrarse para no perder el beneficio o para acceder al nuevo esquema.

En electricidad, el SEF redefine el consumo subsidiado: se bonifica un bloque de 300 kWh/mes en meses de mayor demanda (enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto, diciembre) y baja a 150 kWh/mes en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre. Lo que se consume por encima paga tarifa plena.
También cambia el “porcentaje” del subsidio: se fija una bonificación base del 50% sobre el bloque subsidiado y una bonificación transitoria adicional que arrancó en 25 puntos en enero y se va reduciendo hasta desaparecer hacia fin de año. En la práctica, el año comenzó con una bonificación total más alta para quienes reciben subsidio, pero con un sendero descendente.

En gas natural, el esquema es similar pero con una diferencia central: la bonificación base del 50% sobre el precio mayorista opera solo seis meses (abril a septiembre), más una bonificación extraordinaria que también se achica mes a mes. En los primeros meses del año, el recorte pegó fuerte: para los hogares que antes eran N2, la bonificación pasó de 65% (diciembre) a 25% en enero, 22,73% en febrero y 20,45% en marzo, y recién en abril vuelve a subir al combinarse con el 50% base invernal.
El Gobierno argumenta que el impacto se “administra” porque el consumo de gas se concentra en invierno, y además sigue vigente Zona Fría, un punto clave para la Patagonia: la intención oficial de recortarla no avanzó porque requiere al Congreso, y eso amortigua parte del golpe tarifario en gran parte del país (incluida Río Negro).

¿Quiénes se quedan afuera? El Ejecutivo sostiene que la baja del tope de ingresos afectaría a alrededor del 4% de los hogares que venían recibiendo subsidios. Para electricidad, se mencionó un orden de magnitud de 145.000 usuarios residenciales sobre 16,6 millones en todo el país, que pasarían a pagar precio pleno por exclusión vía cruces de datos.

Para quienes eran N1 (altos ingresos), el cambio relevante es que, aunque en teoría ya no tenían subsidio, todavía existía un “subsidio implícito” porque no siempre pagaban el costo pleno de abastecimiento. Con el nuevo esquema, el Gobierno promete que pasarán a cubrir el costo total; además, este segmento absorbió en febrero subas vinculadas a mayoristas, VAD e indexación.

El capítulo más sensible, por alcance social, es el de garrafas. El artículo detalla cómo el congelamiento y la desregulación del mercado licuaron el peso real del Programa Hogar y cómo el decreto instruye a migrar a unos 3,5 millones de beneficiarios al SEF en un plazo de seis meses. Por ahora, hay lineamientos generales —se evalúa definir un “consumo base” en cantidad de garrafas por mes o estación y la modalidad de cobro—, pero todavía con pocas precisiones sobre implementación y referencia de precio en un mercado ya liberalizado.

En lo inmediato, la recomendación práctica para usuarios es mirar tres variables en la factura: (1) si figura o no la condición de beneficiario del subsidio; (2) el bloque subsidiado (kWh o m³) y el excedente; y (3) el peso del componente mayorista frente al VAD/impuestos, especialmente en provincias donde el cuadro final depende de definiciones locales además de las nacionales.