El proyecto enviado al Congreso no solo propone beneficios fiscales y cambiarios. También fija condiciones estrictas para las empresas, exige adhesión de provincias y municipios, abre la puerta a proveedores asociados al régimen y plantea una discusión clave: cómo transformar grandes inversiones en desarrollo real para los territorios.

El Súper RIGI empieza a mostrar su verdadera dimensión cuando se deja de mirar únicamente como un paquete de beneficios para grandes empresas y se lo analiza como una herramienta de política productiva. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso busca atraer inversiones de más de US$1.000 millones, pero no para cualquier actividad: apunta a nuevas industrias, proyectos que hoy no existen en el país o que apenas tienen un desarrollo experimental o piloto.

Ese punto es central para entender la iniciativa. El régimen no fue pensado para ampliar una planta ya existente, modernizar instalaciones o reorganizar un negocio que ya funciona. La lógica es otra: generar condiciones excepcionales para que una empresa decida instalar en la Argentina una actividad de escala global, con tecnología, capital intensivo, capacidad exportadora y potencial para abrir nuevas cadenas productivas.

En términos simples, el Gobierno busca decirle al inversor: si usted está dispuesto a traer un proyecto que cambie la matriz productiva, el país le ofrece estabilidad, beneficios fiscales, reglas cambiarias especiales, alivio aduanero y previsibilidad jurídica por tres décadas. Pero, a cambio, le exige escala, cumplimiento, inversión efectiva y un proyecto que demuestre impacto real.

El nombre formal de la iniciativa es Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias. En la práctica, ya se lo conoce como Súper RIGI porque intenta ir un paso más allá del régimen aprobado en la Ley Bases. No lo reemplaza: lo complementa. Mientras el RIGI vigente funciona para grandes proyectos estratégicos en sectores ya identificados, el Súper RIGI se concentra en actividades nuevas, de mayor riesgo inicial y con una apuesta más fuerte al agregado de valor.

La primera barrera de entrada es el monto. Cada proyecto deberá comprometer una inversión mínima de US$1.000 millones en activos computables. Además, tendrá que ejecutar al menos el 20% de ese monto durante los dos primeros años desde la adhesión. Esto no es un detalle menor: el proyecto busca evitar que el régimen sea utilizado solo para anuncios de largo plazo sin ejecución concreta. La empresa deberá demostrar capacidad financiera, decisión de inversión y un cronograma verificable.

Para ingresar, las compañías deberán constituir un Vehículo de Proyecto Único, conocido como VPU. Esto significa que el proyecto deberá tener una estructura jurídica propia, con objeto exclusivo y activos afectados únicamente a esa inversión. La intención es ordenar el seguimiento, separar el proyecto del resto de los negocios de una empresa y permitir que los beneficios, obligaciones, controles y eventuales sanciones queden asociados a una unidad claramente identificable.

Ese VPU deberá presentar una solicitud de adhesión y un plan de inversión con información precisa. El proyecto de ley exige describir la iniciativa, su localización, el monto total comprometido, los activos computables, el cronograma de inversión, la fecha estimada de puesta en marcha, la fuente de financiamiento, la proyección de empleo directo e indirecto, la integración local, las exportaciones previstas, el balance comercial y de divisas, la factibilidad técnica, económica y financiera, y los permisos necesarios para ejecutar la obra.

La autoridad de aplicación tendrá un plazo máximo de 90 días hábiles para aprobar o rechazar la solicitud, contados desde la presentación o desde la última información complementaria requerida. La decisión, según el texto, no podrá ser discrecional: deberá basarse en la documentación presentada, en la evaluación técnica y en los requisitos de la ley y su reglamentación.

El rechazo solo podrá fundarse en causales específicas, como incumplimiento de requisitos, falta de inversión mínima, plazos injustificados, información insuficiente, problemas de permisos, inviabilidad técnica o financiera, distorsión del mercado local o falta de encuadre como nueva actividad económica. El proyecto establece que ese rechazo no podrá ser recurrido, aunque el VPU podrá presentar nuevamente el plan hasta dos veces más dentro del mismo año calendario.

La iniciativa también fija una diferencia importante con el RIGI vigente: no podrán entrar al Súper RIGI los proyectos que ya hayan solicitado adhesión al régimen anterior ni aquellos que tengan objeto similar a iniciativas presentadas bajo el RIGI. Para definir esa similitud, el texto mira elementos concretos: plan de inversión, localización física principal, instalaciones esenciales, cadena de valor, producto o servicio final, proceso productivo y superposición de activos o capacidad prevista. La señal es clara: el Súper RIGI no está pensado para mudar un proyecto de un régimen al otro, sino para captar inversiones realmente nuevas.

El paquete de incentivos es fuerte. En Ganancias, el proyecto propone una alícuota del 15% para los VPU adheridos. También incorpora amortización acelerada para bienes muebles y obras de infraestructura, deducción de quebrantos sin límite temporal, una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades, y certificados de crédito fiscal para cancelar IVA vinculado a inversiones en activos computables.

En materia aduanera, el régimen prevé exenciones para la importación de bienes incluidos en el plan de inversión y para la exportación de los productos obtenidos al amparo del proyecto. Este punto es sensible porque reduce costos de entrada para equipamiento, tecnología, componentes industriales o infraestructura especializada, y al mismo tiempo mejora la ecuación exportadora de proyectos que deberán competir desde la Argentina con otros países que también ofrecen incentivos.

En seguridad social, el proyecto establece una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales correspondientes a las nuevas relaciones laborales generadas desde la fecha de adhesión. La intención es bajar el costo laboral inicial de proyectos intensivos en capital y empleo calificado, aunque el verdadero impacto dependerá de la escala de contratación, el tipo de perfiles requeridos y la capacidad local para formar trabajadores.

El capítulo cambiario es otro de los puntos centrales. El proyecto contempla libre disponibilidad progresiva de los cobros de exportación: 20%, 40% y 100% a lo largo de tres años desde la primera exportación. También establece que no habrá obligación de ingresar ni liquidar divisas correspondientes a aportes de capital, financiamientos y servicios vinculados al proyecto. En la práctica, el régimen busca resolver una de las principales preocupaciones del capital internacional: cómo recuperar la inversión, girar fondos, pagar deuda o administrar divisas en proyectos de largo plazo.

La estabilidad normativa por 30 años es, probablemente, el corazón jurídico del Súper RIGI. Esa estabilidad alcanza materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social. Para un proyecto de US$1.000 millones o más, la previsibilidad no es un beneficio accesorio: es una condición de financiamiento. Los bancos, fondos, empresas y socios que evalúan inversiones de esta escala necesitan estimar costos, impuestos, acceso a divisas, permisos y reglas de operación durante décadas.

El texto también reconoce derechos fuertes para los VPU: disponibilidad sobre los productos del proyecto, protección frente a actos confiscatorios o expropiatorios, derecho a la operación continuada y acceso a la justicia. Además, contempla la posibilidad de resolver controversias mediante arbitraje internacional y considera los derechos e incentivos adquiridos como inversiones protegidas en el marco de tratados de promoción y protección recíproca de inversiones.

Pero el Súper RIGI no depende solo de Nación. Para que un proyecto acceda a los beneficios nacionales, deberá existir adhesión expresa e integral de la provincia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de los municipios correspondientes, según dónde se radique la inversión. Si esa adhesión no se produce, el proyecto no podrá gozar de los incentivos en esa jurisdicción.

Este aspecto abre una discusión de fondo para las provincias productivas. El proyecto busca evitar que los beneficios nacionales queden neutralizados por cargas locales consideradas incompatibles con la magnitud de la inversión. Por eso exige previsibilidad normativa y moderación fiscal. En términos políticos, el debate será cómo equilibrar la necesidad de atraer grandes capitales con la autonomía fiscal provincial y municipal.

Para provincias con recursos naturales, infraestructura energética, potencial minero, puertos o acceso logístico estratégico, la pregunta no será solamente si conviene adherir. La discusión real será bajo qué condiciones una adhesión puede traducirse en empleo, proveedores, infraestructura, conocimiento técnico, formación laboral y desarrollo territorial. Porque atraer capital es importante, pero no alcanza si la inversión no deja capacidades instaladas.

El proyecto también incorpora una figura relevante para la cadena de valor: los proveedores de bienes finales, bienes intermedios o servicios con mercadería importada podrán inscribirse al Súper RIGI para acceder a determinados incentivos, siempre que formen parte del plan de inversión aprobado para la puesta en marcha del proyecto. Esto podría ser importante para empresas que abastezcan tecnología, componentes, equipamiento o servicios especializados destinados al VPU.

Sin embargo, este punto también obliga a mirar el riesgo contrario: que la integración local quede limitada si los proveedores nacionales no logran competir en precio, escala, calidad, financiamiento o tiempos de entrega. El régimen puede abrir una puerta, pero las pymes y empresas regionales necesitarán preparación, certificaciones, espalda financiera y articulación público-privada para no quedar al margen de proyectos de enorme escala.

Para Río Negro y la Patagonia, el debate tiene una lectura estratégica. La provincia ya forma parte del nuevo mapa productivo nacional por el avance del petróleo, el gas, la infraestructura de exportación, los proyectos portuarios, la minería y el desarrollo energético. En ese contexto, un régimen pensado para nuevas industrias puede ser relevante si ayuda a pasar de la extracción y el transporte de recursos a etapas de industrialización, procesamiento, servicios tecnológicos, logística avanzada y agregado de valor.

El punto no es presentar al Súper RIGI como una solución automática. El proyecto todavía debe ser tratado por el Congreso y puede sufrir modificaciones. Además, su aplicación dependerá de la reglamentación, de la autoridad de aplicación, de la adhesión local y de la calidad concreta de los proyectos que se presenten.

La clave estará en mirar más allá del beneficio fiscal. Un régimen de esta escala puede atraer inversiones que el país necesita para aumentar exportaciones, incorporar tecnología y generar empleo. Pero también puede abrir tensiones sobre recaudación, controles, proveedores locales, impacto territorial, permisos, ambiente y capacidad de planificación.

El verdadero desafío será que el Súper RIGI no funcione solo como una vidriera para grandes capitales, sino como una herramienta para construir nuevas capacidades productivas. En una provincia como Río Negro, donde energía, minería, Oil & Gas e infraestructura productiva ya forman parte de la agenda central, la discusión debería enfocarse en cómo cada inversión puede dejar algo más que obras: empleo calificado, empresas locales más competitivas, infraestructura útil, conocimiento técnico y una matriz productiva más compleja.

El proyecto pone sobre la mesa una idea potente: la Argentina quiere competir por las industrias del futuro. La pregunta que viene ahora es si el país, las provincias y los municipios lograrán transformar esos incentivos en desarrollo concreto, con reglas claras para el capital, pero también con beneficios visibles para las comunidades donde esas inversiones se radiquen.