La Defensora del Pueblo de Río Negro Adriana Santagati solicitó al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) que evalúe y disponga la implementación de un sistema de financiación de las facturas de luz, a través de medios informáticos, por parte de las distribuidoras del servicio.

La propuesta consiste en requerir de las distribuidoras locales la habilitación de un mecanismo ágil, accesible y transparente mediante el cual los usuarios puedan distribuir el pago de sus consumos en cuotas o regularizar deudas, a tasas de interés de mercado, sin que se necesite acudir a los canales presenciales de atención de cada distribuidora. 

El requerimiento se fundamenta en que los usuarios han sufrido un abrupto incremento en el costo del servicio en el último tiempo, impactando sensiblemente en la economía doméstica.

Además, Santagati recordó que “estamos en vísperas de la temporada invernal que, en determinados sectores, requiere de un incremento del consumo eléctrico que, conforme a los precios actuales, hace prever una importante incidencia sobre la economía de los hogares rionegrinos”.

“Por ello resulta conveniente y necesario analizar alternativas que permitan a los usuarios mantener la asequibilidad del servicio concesionado, de modo que éste no limite el acceso a otras necesidades básicas”, manifestó la Defensora del Pueblo.

“Consideramos que facilitar el acceso a planes de pago flexibles no sólo contribuirá a mejorar la capacidad de pago de los usuarios y reducir la morosidad, sino que reforzará la promoción de un servicio público más equitativo y sensible a las realidades económicas de nuestra región”, indicó.

Rechazo al incremento en la audiencia pública

Santagati fue una de las disertantes de la audiencia pública del 31 de marzo en la que se analizó el incremento en la tarifa eléctrica solicitado por Edersa. Allí expresó su rechazo tras realizar un análisis comparativo entre los cuadros tarifarios de marzo 2024 y marzo 2025 a partir de cual surge, como una de las conclusiones, que los mayores aumentos recaen en los cargos fijos. “Esto afecta de manera desproporcionada a los usuarios de menor consumo, contradiciendo el principio de equidad tarifaria y perjudicando especialmente a los sectores más vulnerables”, indicó la defensora.

“El costo de la energía es un costo determinante en la economía de los hogares y la producción y comercios. Por lo que se solicita al EPRE un análisis crítico, circunstanciado e integral, esto es, considerando la economía de los usuarios en la ecuación, previo a determinar cualquier incremento tarifario”, finalizó su exposición.