La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York suspendió de manera provisoria la orden judicial que obligaba al Estado argentino a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes en el caso por la estatización de la petrolera.

La medida representa un alivio momentáneo para el Gobierno nacional, que apeló el fallo emitido por la jueza Loretta Preska y advirtió sobre el impacto que tendría la pérdida de control accionario en la principal empresa energética del país.

La decisión de la Cámara llegó este lunes, a contrarreloj, y otorgó un plazo adicional para que los fondos beneficiarios —Burford Capital, Eton Park y Bainbridge— presenten su oposición antes del 17 de julio, mientras que Argentina tendrá tiempo hasta el 22 de julio para responder. Hasta entonces, la entrega forzada de acciones queda suspendida.

La causa judicial se originó a partir de la forma en que se llevó adelante la estatización de YPF en 2012, cuando el Estado argentino recuperó la mayoría accionaria sin realizar una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios. En septiembre de 2023, el tribunal del Distrito Sur de Nueva York —a cargo de la jueza Preska— falló contra Argentina, ordenando una compensación de más de 16 mil millones de dólares, que derivó en este intento de embargo sobre las acciones del Estado.

En su último fallo, Preska fue tajante: acusó a Argentina de “retrasar y evadir” sus obligaciones judiciales y sostuvo que cualquier perjuicio para el país sería consecuencia directa de su propia inacción. El Gobierno, por su parte, apeló la decisión y advirtió que el cumplimiento de esa orden vulneraría su soberanía e implicaría una intromisión judicial sin precedentes.

“El equivalente sería que un tribunal extranjero ordenara entregar el oro de Fort Knox”, señalaron desde la representación legal argentina, remarcando que el control de YPF es un componente clave de la estrategia energética nacional y de los planes de exportación de petróleo y GNL, en los que Vaca Muerta es protagonista.

La medida de la Corte de Apelaciones no resuelve el fondo de la cuestión, pero abre una ventana de negociación y defensa jurídica para el Estado. Si el tribunal decide mantener la suspensión mientras avanza la apelación, el Gobierno ganaría tiempo para fortalecer sus argumentos y evitar un desenlace inmediato que podría comprometer su posición en el directorio de YPF y afectar el desarrollo de proyectos estratégicos.

Mientras tanto, el conflicto judicial sigue generando tensión política interna. Desde la oposición, insisten en responsabilizar al gobierno de Javier Milei por una supuesta falta de reflejos y previsión. Desde el oficialismo, en cambio, apuntan a la herencia recibida por la gestión de la estatización en 2012 y la litigiosidad internacional derivada de esa decisión.

La Corte tiene ahora la palabra. La próxima semana será clave para definir si el país conserva, al menos por ahora, el control de su petrolera estatal o si se concreta uno de los mayores reveses judiciales de su historia reciente.