Tras la renuncia de Néstor Lamboglia, el directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad inició la integración de áreas administrativas y de apoyo. El proceso busca unificar funciones, pero plantea desafíos operativos y laborales.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad empezó a dar los primeros pasos concretos en la integración operativa de las estructuras que hasta ahora funcionaban bajo el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). El proceso marca una nueva etapa en la puesta en marcha del organismo unificado, creado por la Ley Bases y constituido formalmente por el Decreto 452/2025.

La novedad se conoció en la primera reunión del directorio luego de la renuncia de Néstor Marcelo Lamboglia, quien había sido designado presidente del nuevo ente por el Decreto 318/2026 y dejó el cargo a partir del 1 de junio. Desde entonces, la conducción quedó en manos del vicepresidente Vicente Serra, acompañado por los vocales Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Héctor Sergio Falzone.

La creación del nuevo organismo responde al artículo 161 de la Ley 27.742, que dispuso la unificación de los entes reguladores de gas y electricidad. Según el marco legal vigente, una vez constituido, el nuevo ente reemplaza y asume las funciones que cumplían el ENRE y el Enargas, responsables de controlar y fiscalizar los servicios públicos de electricidad y gas natural por redes.

En términos prácticos, la fusión no implica solamente un cambio de nombre institucional. Supone ordenar estructuras administrativas, expedientes, sistemas de gestión, áreas de apoyo, atención al público, recursos humanos, administración, comunicación institucional y equipos técnicos que durante años funcionaron con lógicas, sedes y marcos operativos diferenciados.

De acuerdo con lo publicado por EconoJournal, el directorio comenzó por integrar áreas de apoyo de los exorganismos y ubicar equipos en espacios comunes de trabajo. Entre los primeros movimientos aparecen la articulación de las secretarías de directorio, la coordinación de áreas administrativas, recursos humanos, prensa, relaciones institucionales y sectores vinculados a la atención de usuarios y mesa de entradas.

El proceso se da en un clima interno sensible. La salida de Lamboglia, aceptada oficialmente por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 437/2026, ocurrió a menos de un mes de la constitución formal del directorio. Aunque la norma se limita a aceptar la renuncia, el cambio dejó al organismo en una etapa de reordenamiento político y administrativo justo cuando debía avanzar con una de sus tareas más complejas: fusionar dos estructuras con personal, procedimientos y culturas institucionales distintas.

La integración también tendrá impacto en la dotación de personal. Según la información periodística conocida, el organismo prevé avanzar con retiros voluntarios y alternativas de jubilación anticipada, en línea con el objetivo oficial de eliminar duplicaciones y optimizar recursos dentro del Estado. Sin embargo, el desafío será sostener la capacidad técnica del regulador, especialmente en dos sectores sensibles para usuarios, empresas distribuidoras, transportistas y generadoras.

El antecedente inmediato de la transición ya había quedado reflejado en la Resolución 4/2026 del propio ente, publicada el 15 de mayo. Allí el directorio declaró días inhábiles administrativos entre el 15 y el 29 de mayo, únicamente para el cómputo de plazos procedimentales, con el objetivo de avanzar en la migración de personal y expedientes dentro del sistema de Gestión Documental Electrónica sin afectar derechos de usuarios o administrados.

El Gobierno nacional sostiene que la unificación busca mejorar la eficiencia, modernizar la regulación y evitar estructuras duplicadas. En esa línea, el nuevo ente deberá concentrar la regulación de dos servicios públicos esenciales, con marcos normativos específicos: la Ley 24.065 para electricidad y la Ley 24.076 para gas natural.

El punto clave será cómo se implementa esa integración sin resentir la función regulatoria. El ENRE y el Enargas cumplen tareas centrales en materia de control de calidad de servicio, fiscalización de inversiones, análisis tarifario, sanciones, audiencias públicas, reclamos de usuarios y seguimiento técnico de transportistas y distribuidoras.

Por eso, la reorganización interna del nuevo ente será observada de cerca por el sector energético. No se trata solo de una reforma administrativa: la calidad del regulador incide directamente en el funcionamiento del sistema eléctrico y gasífero, en la relación entre empresas y usuarios, y en la capacidad del Estado para controlar servicios públicos estratégicos en un contexto de recomposición tarifaria, obras de infraestructura y cambios en el esquema energético nacional.