La Cámara baja aprobó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo con 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones. La iniciativa apunta a otorgar incentivos fiscales, cambiarios, aduaneros y seguridad jurídica a proyectos de gran escala vinculados al desarrollo de nuevas actividades económicas. Ahora deberá ser tratada por el Senado.
La Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como “Súper RIGI”, una herramienta diseñada por el Gobierno nacional para atraer inversiones de gran escala en sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico del país.
La iniciativa fue aprobada el 24 de junio en una sesión especial con 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones, según informó oficialmente la Cámara baja. Con este resultado, el proyecto será girado al Senado, donde deberá ser tratado para obtener sanción definitiva.
El texto propone la creación de un régimen integral de incentivos, estabilidad normativa y seguridad jurídica para proyectos dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas. De acuerdo con la información difundida por Diputados, el objetivo es incrementar las exportaciones, generar empleo de calidad y consolidar un sendero de crecimiento sostenido.
El “Súper RIGI” se presenta como una ampliación conceptual del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, aunque con una orientación específica hacia nuevas industrias. El punto central es ofrecer previsibilidad a largo plazo para proyectos de gran volumen de inversión, en un contexto en el que la competencia por capitales internacionales exige marcos regulatorios estables y condiciones claras.
Durante el debate parlamentario, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, defendió la iniciativa y sostuvo que el proyecto reúne incentivos fiscales, cambiarios, aduaneros y seguridad jurídica. Desde la oposición, en cambio, hubo cuestionamientos por el alcance de los beneficios, el impacto sobre la capacidad regulatoria del Estado y el perfil de los sectores que podrían acceder al régimen.
La discusión legislativa había tenido un paso previo el 17 de junio, cuando el proyecto obtuvo dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Ese dictamen reunió 61 firmas a favor y dejó la iniciativa habilitada para su tratamiento en el recinto.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es el criterio de “nueva actividad económica”. Según lo debatido en comisiones, la intención es que los beneficios no se apliquen a cualquier inversión, sino a emprendimientos que incorporen actividades nuevas o que amplíen la matriz productiva del país. También se incorporó la creación de un registro público de proyectos, una herramienta orientada a transparentar qué iniciativas podrían acceder al régimen.
Para las provincias con agenda energética, minera, industrial o tecnológica, el avance del “Súper RIGI” abre una discusión relevante. Aunque el proyecto aún no es ley, el esquema puede convertirse en una herramienta para proyectos de gran escala vinculados a infraestructura, nuevas tecnologías, procesamiento industrial, servicios avanzados o encadenamientos productivos asociados a sectores estratégicos.
En el caso de Río Negro y la Patagonia, la discusión se inscribe en un escenario de fuerte movimiento inversor vinculado a Vaca Muerta, los proyectos de exportación de petróleo y gas, la infraestructura portuaria, la minería y la necesidad de desarrollar proveedores locales. El punto clave será observar qué tipo de proyectos podrán encuadrarse finalmente dentro del régimen y cómo se articularán los beneficios nacionales con las políticas provinciales de empleo, compre local, capacitación y desarrollo territorial.
La media sanción no implica que el régimen ya esté vigente. Para convertirse en ley, el proyecto deberá ser aprobado por el Senado de la Nación. Recién después de ese paso, y de su posterior promulgación y reglamentación, se conocerán con mayor precisión las condiciones operativas, los requisitos de acceso y el alcance concreto de los beneficios para los inversores.
El avance en Diputados, sin embargo, marca una señal política y económica relevante: el Gobierno nacional busca consolidar un nuevo instrumento para competir por grandes inversiones, bajo un esquema de estabilidad y beneficios diferenciales. La discusión que viene en el Senado será clave para definir si el “Súper RIGI” se convierte en una nueva herramienta dentro del mapa de incentivos productivos del país.
