La Secretaría de Energía incorporó nuevos equipos y tecnologías al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Las empresas podrán acceder a ventajas impositivas para reducir su consumo energético y modernizar sus procesos productivos, sin necesidad de alcanzar un monto mínimo de inversión en los bienes incluidos.

El Gobierno nacional amplió los beneficios del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) con el objetivo de promover la incorporación de tecnologías que permitan reducir el consumo de energía en pequeñas y medianas empresas. La medida busca facilitar la modernización de instalaciones industriales y productivas mediante incentivos fiscales destinados a mejorar la eficiencia energética.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 311/2026 de la Secretaría de Energía, que incorpora un listado de equipos de alta eficiencia energética que podrán acceder a los beneficios previstos en el régimen. Uno de los aspectos centrales es que las inversiones en estos bienes no necesitan alcanzar un monto mínimo, lo que amplía las posibilidades de participación de empresas con menor capacidad financiera.

El RIMI contempla dos herramientas tributarias principales: la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución de créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado (IVA) vinculados con las inversiones realizadas. Estos mecanismos buscan mejorar las condiciones financieras de las empresas que incorporen equipamiento y reducir los tiempos necesarios para recuperar parte de los recursos destinados a la modernización tecnológica.

Entre los bienes incluidos se encuentran motores eléctricos de alta eficiencia, sistemas de aire comprimido, equipos de bombeo y ventilación con regulación electrónica de velocidad, instalaciones térmicas y tecnologías de refrigeración, medición y control. Se trata de componentes que tienen una incidencia significativa sobre el consumo energético de los establecimientos industriales.

Según los parámetros difundidos por la Secretaría de Energía, los motores eléctricos pueden representar entre el 60% y el 70% del consumo de electricidad de una planta industrial, mientras que los sistemas de aire comprimido pueden demandar entre el 15% y el 25%. En determinadas aplicaciones de bombeo y ventilación, la incorporación de controles electrónicos de velocidad puede generar ahorros energéticos de entre el 20% y el 50%, dependiendo de las características de funcionamiento de cada instalación.

La normativa también contempla proyectos que no se limiten exclusivamente a la adquisición de equipos incluidos en el listado oficial. Las empresas que desarrollen iniciativas de recuperación de calor, modificaciones de procesos industriales u otras soluciones destinadas a disminuir el consumo energético podrán solicitar su incorporación al régimen, siempre que acrediten técnicamente los beneficios de la inversión.

En estos casos, será necesario presentar un informe elaborado por un profesional competente que demuestre una reducción cuantificable del consumo de energía. Además, podrán computarse dentro de la inversión los servicios asociados de ingeniería, instalación, puesta en marcha y capacitación, lo que permite ampliar el alcance del incentivo a proyectos integrales de modernización.

La medida también abre oportunidades para pequeñas y medianas empresas de Río Negro y la Patagonia, especialmente aquellas vinculadas con la industria hidrocarburífera, la minería, los servicios industriales y la actividad metalmecánica. La renovación de motores, sistemas de bombeo, compresores y otras instalaciones puede contribuir a reducir costos operativos y mejorar la competitividad de las firmas que participan en estas cadenas productivas.

En una región donde el crecimiento de Vaca Muerta y las inversiones en infraestructura energética generan nuevas demandas de bienes y servicios, la posibilidad de incorporar tecnologías más eficientes representa una herramienta adicional para fortalecer a los proveedores regionales.

Sin embargo, el acceso a los incentivos no es automático ni está reservado a empresas del sector energético. El régimen tiene alcance nacional, comprende distintas actividades productivas y exige cumplir con los requisitos técnicos, fiscales y administrativos establecidos por la normativa.

Las empresas interesadas deberán gestionar su incorporación mediante los procedimientos correspondientes ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través del Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), y acreditar las condiciones necesarias para acceder a los beneficios.

Con esta ampliación, el Gobierno busca estimular inversiones que permitan disminuir el consumo energético, reducir costos de producción y mejorar la eficiencia de los procesos industriales. Para las pymes que integran las cadenas de valor de la energía y la minería, el nuevo esquema representa una alternativa para financiar indirectamente parte de su modernización mediante ventajas impositivas y fortalecer su capacidad de competir en un mercado cada vez más exigente.