El gobernador Alberto Weretilneck promulgó la Ley 5883, que crea el Ente Regulador de Servicios y Concesiones. El nuevo organismo concentrará el control de la electricidad, el agua potable y el saneamiento, absorberá las funciones del EPRE y tendrá facultades sobre tarifas, inversiones, calidad del servicio, reclamos y sanciones. Su implementación será gradual y podría demandar hasta 180 días.

Río Negro inició formalmente una transformación de su sistema de regulación de los servicios públicos. El gobernador Alberto Weretilneck promulgó la Ley 5883, que crea el Ente Regulador de Servicios y Concesiones (ERSEC), un organismo multisectorial que concentrará bajo una misma estructura el control de la energía eléctrica, el agua potable y los desagües cloacales.

La promulgación completa el proceso legislativo iniciado a fines de agosto y marca el comienzo de la etapa de implementación de un esquema que Energía 360 viene siguiendo desde que el Poder Ejecutivo envió el proyecto a la Legislatura.

Como informó este medio, la iniciativa fue sancionada el pasado 3 de septiembre y supone un cambio de fondo en la arquitectura regulatoria provincial: el actual Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) será disuelto y sus competencias pasarán al ERSEC, mientras que las funciones regulatorias sobre agua potable y saneamiento que actualmente ejerce el Departamento Provincial de Aguas (DPA) también serán transferidas al nuevo organismo.

Esto no significa que el ERSEC vaya a prestar directamente los servicios. Su función será controlar a las empresas, cooperativas y organismos responsables de brindarlos y verificar que cumplan con las condiciones, obligaciones e inversiones establecidas en los respectivos marcos regulatorios.

Para los usuarios, uno de los cambios centrales será la concentración de las herramientas de regulación y reclamo dentro de una misma estructura. El nuevo ente tendrá capacidad para intervenir frente a deficiencias en las prestaciones, problemas de facturación, incumplimientos de los prestadores o controversias relacionadas con la calidad de los servicios.

Entre sus facultades estará controlar la continuidad, regularidad, seguridad y calidad de las prestaciones, revisar y aprobar los cuadros tarifarios, fiscalizar los planes de expansión, inversión y mantenimiento, requerir información a los prestadores y aplicar sanciones cuando corresponda.

La normativa también establece que el organismo deberá procurar que las tarifas sean justas, asequibles y razonables, dentro de los parámetros establecidos por los marcos regulatorios provinciales.

Ese punto resulta particularmente relevante porque el ERSEC no tendrá solamente una función administrativa. Concentrará capacidades técnicas y regulatorias para analizar la evolución de los costos, controlar las obligaciones de inversión de las empresas y evaluar los cuadros tarifarios de servicios esenciales que alcanzan prácticamente a toda la población rionegrina.

Desde la Secretaría de Energía y Ambiente señalaron que el objetivo es construir un sistema más integrado y con mayor capacidad de respuesta frente a las demandas de los usuarios.

“Que el Estado esté más cerca de cada rionegrino cuando necesita una respuesta”, sostuvo la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, al explicar uno de los objetivos de la reforma.

La funcionaria consideró además que la creación del ente constituye “un paso muy importante para la Provincia” porque permitirá avanzar hacia un esquema estatal “más moderno, más eficiente y más cercano”.

La nueva estructura también deberá incorporar mecanismos de participación ciudadana. La ley contempla herramientas como consultas y audiencias públicas, particularmente relevantes en procesos relacionados con tarifas, modificaciones regulatorias o decisiones que tengan impacto sobre los usuarios.

El cambio, sin embargo, no será inmediato.

Con la promulgación de la Ley 5883 comienza ahora un período de transición. El Poder Ejecutivo provincial contará con un plazo de hasta 90 días para reglamentar la norma. Una vez aprobada esa reglamentación, habrá otro período de hasta 90 días para que el ERSEC comience efectivamente a funcionar y quede conformado su directorio.

En términos prácticos, esto significa que la puesta en marcha completa podría extenderse hasta aproximadamente 180 días desde la promulgación, si se utilizaran los plazos máximos previstos por la legislación.

Durante ese período continuará vigente el actual esquema institucional. El EPRE seguirá ejerciendo sus funciones sobre el sector eléctrico y el DPA mantendrá sus competencias regulatorias sobre agua potable y saneamiento hasta que se concrete formalmente la transferencia.

Una vez operativo, el ERSEC asumirá la continuidad institucional del EPRE y concentrará además el contralor de los servicios alcanzados por la Ley J 2902, correspondiente al Marco Regulatorio Eléctrico, y la Ley J 3183, que regula el servicio de agua potable y desagües cloacales.

La Legislatura había sancionado la creación del nuevo ente por mayoría el 3 de septiembre. El proyecto fue impulsado por el Ejecutivo provincial con el argumento de evitar estructuras regulatorias fragmentadas, integrar capacidades técnicas, administrativas y jurídicas y simplificar los procedimientos para los usuarios.

Durante el tratamiento legislativo, el secretario de Energía Eléctrica de Río Negro, Santiago Yanotti, sostuvo que la propuesta apunta a avanzar hacia un regulador multisectorial, una modalidad utilizada para concentrar bajo una misma autoridad el control de diferentes servicios públicos.

La creación del ERSEC representa, por lo tanto, algo más que un cambio de nombre o una reorganización administrativa. Modifica el esquema con el que Río Negro regula servicios esenciales y coloca bajo una misma autoridad decisiones vinculadas con tarifas, inversiones, calidad, expansión de infraestructura, reclamos y sanciones.

Ahora comenzará una etapa decisiva: la reglamentación determinará cómo funcionará concretamente el nuevo organismo, cómo se realizará la transferencia de competencias, cómo quedará conformado su directorio y de qué manera se organizará la atención de los usuarios.

Para quienes reciben los servicios, el cambio más importante deberá medirse en resultados: capacidad de respuesta ante los reclamos, control efectivo sobre las inversiones comprometidas, transparencia tarifaria y cumplimiento de los estándares de calidad.

Con la promulgación de la Ley 5883, Río Negro ya definió el nuevo modelo. Los próximos meses determinarán cómo ese diseño institucional se traduce en la regulación cotidiana de la electricidad, el agua potable y el saneamiento en toda la provincia.