La Justicia federal declaró nulas las resoluciones que limitaron los pagos del programa de estímulo al gas no convencional para Fortín de Piedra. El fallo ordena pagar a Tecpetrol más de $2.553 millones, más intereses, aunque todavía no está firme y puede ser apelado por el Estado nacional.

La Justicia federal falló a favor de Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, en una causa que vuelve a poner sobre la mesa una discusión sensible para Vaca Muerta: la previsibilidad de las reglas de juego, el costo fiscal de los programas de estímulo y la seguridad jurídica que reclaman las empresas para invertir en desarrollos no convencionales.

El caso tiene como eje a Fortín de Piedra, uno de los yacimientos gasíferos más importantes de Vaca Muerta. Allí, Tecpetrol realizó una fuerte inversión para desarrollar producción de gas no convencional bajo el marco de la Resolución 46 de 2017, un programa creado durante el gobierno de Mauricio Macri para incentivar la producción de gas natural proveniente de reservorios no convencionales.

El esquema buscaba garantizar un precio estímulo para que las empresas aceleraran inversiones en una formación que por entonces ya mostraba potencial, pero que todavía necesitaba escala, infraestructura y capital intensivo para consolidarse. En ese contexto, Fortín de Piedra se transformó rápidamente en uno de los desarrollos más relevantes de la cuenca neuquina.

El problema apareció cuando la producción de Tecpetrol creció por encima de las proyecciones iniciales. Ese salto productivo elevó el monto de las compensaciones que debía pagar el Estado y generó una tensión dentro del propio programa: lo que había sido diseñado como incentivo para aumentar la producción empezó a representar un costo fiscal mucho mayor al previsto.

Frente a ese escenario, la entonces Secretaría de Energía modificó el criterio de liquidación de los pagos. En lugar de reconocer el incentivo sobre la producción efectiva del área, limitó las compensaciones a la curva de producción que la empresa había declarado originalmente al momento de adherirse al régimen.

Ese fue el punto que Tecpetrol cuestionó judicialmente. Para la compañía, el Estado cambió las condiciones del programa después de realizadas las inversiones y aplicó un recorte retroactivo sobre pagos que, según su interpretación, correspondían por la producción real de Fortín de Piedra.

La demanda fue presentada en 2019. La empresa reclamó alrededor de $2.500 millones más intereses por compensaciones que, según sostuvo, no fueron abonadas correctamente por la producción de agosto, septiembre y octubre de 2018.

Ahora, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°6 le dio la razón a Tecpetrol. El fallo declaró la nulidad de las resoluciones con las que la Secretaría de Energía había limitado los pagos del programa y ordenó al Estado nacional abonar $2.553 millones, más intereses, por las compensaciones adeudadas de esos tres meses. La sentencia fue firmada por el juez Enrique Lavié Pico.

La resolución judicial entendió que el cambio de criterio afectó las condiciones bajo las cuales la empresa se había incorporado al régimen de estímulo. En términos prácticos, la Justicia consideró inválido que el Estado limitara los pagos a la producción proyectada originalmente si la normativa no establecía ese tope como condición para liquidar las compensaciones.

El fallo todavía no está firme. El Estado nacional puede apelar ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal, por lo que el pago no necesariamente será inmediato ni definitivo. Esa instancia será clave para determinar si la sentencia queda confirmada, si se modifica o si el caso continúa escalando dentro del Poder Judicial.

La disputa deja varias lecturas para el sector energético. Por un lado, muestra la complejidad de diseñar programas de estímulo en actividades de alto riesgo e inversión intensiva, como el shale gas. El Estado buscó acelerar la producción de gas no convencional, pero cuando el resultado fue superior al esperado, el costo fiscal del esquema se volvió difícil de sostener.

Por otro lado, el caso expone una preocupación recurrente de la industria: la necesidad de reglas claras y previsibles. Para las empresas, los proyectos no convencionales requieren desembolsos millonarios, planificación de largo plazo y estabilidad normativa. Cuando las condiciones cambian en medio del proceso, la discusión suele trasladarse a los tribunales.

Fortín de Piedra fue el centro del conflicto justamente porque su producción creció de manera acelerada y se convirtió en uno de los principales aportes de gas de Vaca Muerta. Según las publicaciones relevadas, el área llegó a inyectar entre 15 y 17 millones de metros cúbicos diarios, lo que la ubicó entre los desarrollos más importantes del país.

La discusión también tiene impacto hacia adelante. En un momento en que Argentina busca escalar la producción de Vaca Muerta, aumentar exportaciones, desarrollar infraestructura y avanzar con proyectos de GNL, los antecedentes judiciales vinculados a cambios de reglas son observados de cerca por empresas, inversores y gobiernos.

No se trata solamente de un conflicto entre Tecpetrol y el Estado por pagos adeudados. El fondo del caso es más amplio: cómo se construye confianza para atraer inversiones, cómo se administran los incentivos públicos y qué margen tiene el Estado para corregir programas cuando el costo fiscal supera lo previsto.

Para Vaca Muerta, el fallo vuelve a instalar una idea central: el desarrollo del recurso no depende únicamente de la calidad geológica. También necesita infraestructura, financiamiento, eficiencia, contratos y un marco regulatorio que pueda sostenerse en el tiempo.

En lo inmediato, la causa continuará abierta hasta que se defina si el Estado apela. Si la sentencia queda firme, la Nación deberá afrontar el pago de los $2.553 millones más intereses. Si avanza la apelación, será la Cámara la que deberá revisar si el recorte aplicado por Energía fue válido o si, como sostuvo la primera instancia, el Estado modificó de manera indebida las condiciones del régimen.

Mientras tanto, el caso Tecpetrol queda como uno de los antecedentes más relevantes del viejo esquema de subsidios al gas no convencional y como una advertencia para los futuros programas de incentivo: en Vaca Muerta, las reglas de juego son tan importantes como la productividad de los pozos.