El Gobierno nacional volvió a diferir una parte de la actualización del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono que debía comenzar a regir este jueves 1 de octubre. Los incrementos pendientes pasarán ahora al 1 de noviembre. La medida busca contener el impacto sobre los precios de las naftas y el gasoil, pero vuelve a poner sobre la mesa otra discusión: qué ocurre con los recursos que el Estado ya recauda a través de los combustibles mientras las provincias comienzan a financiar la recuperación de rutas nacionales.

El Gobierno nacional decidió volver a postergar parte de la actualización de los impuestos que pesan sobre las naftas y el gasoil.

La medida fue oficializada hoy miércoles 30 de septiembre mediante el Decreto 1126/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece que los incrementos remanentes del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), que estaban previstos desde el 1 de octubre, comenzarán a aplicarse desde el próximo 1 de noviembre.

La actualización corresponde a aumentos acumulados durante 2024, 2025 y el primer y segundo trimestre de 2026 que el Ejecutivo viene incorporando de manera parcial y escalonada.

La normativa establece que los montos fijos de estos impuestos se actualizan trimestralmente en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor. Sin embargo, desde hace tiempo el Gobierno viene administrando su aplicación con el objetivo de evitar que todo el ajuste pendiente se traslade de manera inmediata a los surtidores.

En los fundamentos del decreto publicado hoy, el Ejecutivo sostuvo que la nueva postergación busca continuar estimulando el crecimiento económico dentro de un «sendero fiscal sostenible».

La decisión no significa necesariamente que los combustibles permanecerán sin cambios durante octubre. Las compañías pueden modificar sus precios por la evolución del petróleo, el tipo de cambio, los biocombustibles, los costos operativos y su estrategia comercial. Lo que Nación evita, por ahora, es sumar desde este jueves todo el incremento tributario que permanecía pendiente.

El otro debate detrás del impuesto: qué pasa con el dinero de las rutas

La actualización del ICL tiene, además, otra dimensión que en Río Negro adquiere particular importancia.

Cada vez que un automovilista carga combustible, una parte de lo que paga corresponde a impuestos nacionales. Dentro de ese esquema, una porción de los recursos recaudados termina financiando el sistema de transporte y la infraestructura vial.

Esto no significa que la totalidad del ICL deba ser destinada directamente a las rutas.

Como explicó Energía 360 en agosto, la Ley 23.966 establece diferentes destinos para estos recursos. El 28,58% comprendido dentro de este esquema se dirige al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y, dentro de ese mecanismo, funciona el Sistema Vial Integrado (SISVIAL), utilizado para financiar construcción, mantenimiento, rehabilitación y desarrollo de infraestructura vial.

El problema aparece cuando se observa cuánto dinero ingresó al sistema y cuánto terminó efectivamente convertido en obras.

Entre 2024 y mayo de 2026 ingresaron al SISVIAL $1.503.252.000.000 (1 billón 503 millones 252 mil pesos), pero durante ese mismo período fueron aplicados a obras aproximadamente $394.406 millones.

Es decir, sólo el 26,24% de los recursos recibidos había llegado efectivamente a ejecución vial al momento del corte analizado.

La diferencia no significa que el dinero haya desaparecido. Al cierre de mayo había aproximadamente $1.001.018 millones colocados en inversiones financieras, principalmente títulos públicos y plazos fijos, mientras otros $37.761 millones permanecían como disponibilidades.

En conjunto, más de un billón de pesos que habían ingresado al sistema todavía no se habían transformado en mantenimiento, reparación o construcción de rutas.

El dato resulta central para entender una discusión que excede el precio de las naftas: Argentina ya cuenta con mecanismos específicos de financiamiento vial asociados a los impuestos que recauda sobre los combustibles, pero al mismo tiempo numerosas provincias comenzaron a buscar recursos propios para intervenir rutas nacionales deterioradas.

Río Negro empieza a pagar por las rutas nacionales

El caso de Río Negro es uno de los ejemplos más concretos. El Gobierno nacional habilitó este año mediante el Decreto 253/2026 a Río Negro, Neuquén y otras provincias a asumir determinadas funciones vinculadas con la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de tramos de rutas nacionales.

La delegación no implica que Nación transfiera la titularidad de esas rutas: continúan perteneciendo al Estado nacional y bajo jurisdicción federal. Lo que se habilita es que las provincias puedan hacerse cargo operativamente de su gestión mediante convenios específicos.

Río Negro decidió avanzar particularmente sobre dos corredores estratégicos: las rutas nacionales 22 y 151.

Ambas son claves para la conectividad provincial, pero también para el crecimiento de Vaca Muerta. Por esos corredores circulan trabajadores, equipos, maquinaria, insumos y buena parte de la logística que sostiene la expansión hidrocarburífera de la Cuenca Neuquina.

La Provincia comenzó entonces a construir su propio esquema financiero para recuperar rutas que siguen siendo nacionales.

Uno de los principales componentes será un crédito de hasta US$60 millones con FONPLATA – Banco de Desarrollo. Nación ya otorgó la garantía necesaria para avanzar con la operación y Río Negro busca cerrar el financiamiento durante noviembre. Los recursos serán destinados a intervenir los sectores más deteriorados de las rutas 22 y 151.

A ese financiamiento se sumarán otros recursos generados directamente por la actividad hidrocarburífera.

El acuerdo firmado entre Río Negro y Oldelval por el proyecto Duplicar Norte establece un aporte extraordinario de US$4,64 millones, equivalente al 2% de la inversión que la compañía realizará dentro del territorio provincial.

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que esos fondos serán destinados íntegramente a las primeras obras sobre las rutas 22 y 151, cuyo comienzo está proyectado para noviembre.

De esta manera, Río Negro utilizará recursos provenientes de una nueva infraestructura petrolera de Vaca Muerta y financiamiento internacional para comenzar a recuperar corredores cuya titularidad continúa siendo nacional.

Quién recauda y quién termina haciendo las rutas

Ahí aparece una de las discusiones de fondo. Mientras Nación continúa recaudando impuestos sobre cada litro de nafta y gasoil vendido en el país —una parte de los cuales alimenta mecanismos creados precisamente para financiar infraestructura de transporte—, las provincias comenzaron a asumir cada vez mayores responsabilidades sobre corredores nacionales.

En Río Negro, la paradoja resulta especialmente visible. Por un lado, los usuarios continúan pagando el ICL cuando cargan combustible. Por otro, la Provincia deberá endeudarse por hasta US$60 millones, utilizar recursos extraordinarios provenientes de Oldelval y diseñar nuevas fuentes de financiamiento para reparar las rutas 22 y 151.

El debate, por lo tanto, ya no pasa únicamente por cuánto aumentará la nafta cuando Nación termine de aplicar la actualización pendiente del impuesto.

También pasa por determinar qué proporción de lo que ya se recauda termina efectivamente transformándose en rutas.

El crecimiento de Vaca Muerta vuelve aún más urgente esa discusión. Argentina avanza con oleoductos, gasoductos, terminales de exportación y proyectos de GNL destinados a multiplicar las exportaciones energéticas. Pero ese desarrollo también necesita infraestructura sobre la superficie.

Las rutas 22 y 151 forman parte de esa infraestructura. La decisión publicada este miércoles vuelve a correr un mes hacia adelante el ajuste pendiente del ICL. Desde el 1 de noviembre, si no existe una nueva modificación, deberán comenzar a aplicarse los incrementos postergados.

Hasta entonces, el Gobierno habrá evitado una presión tributaria adicional sobre los surtidores.

Pero seguirá abierta otra discusión que en la Patagonia ya tiene consecuencias concretas: Nación recauda recursos vinculados al sistema vial mientras provincias como Río Negro empiezan a buscar por su cuenta el dinero necesario para recuperar rutas nacionales fundamentales para el desarrollo de Vaca Muerta.