La provincia sancionó la Ley 9744, que establece nuevas reglas para la exploración y producción de petróleo y gas. El texto modifica el esquema de regalías, incorpora incentivos para recuperar pozos maduros, contempla el desarrollo no convencional de Vaca Muerta y refuerza las obligaciones ambientales. Energía 360 analizó sus 40 artículos para explicar qué cambia, cómo funcionará y qué deberán cumplir las empresas petroleras.
Mendoza aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos y, más allá de su sanción legislativa, hay una pregunta que resulta fundamental para comprender el alcance de la reforma: ¿qué cambia concretamente para las empresas que producen petróleo y gas, para la provincia que administra esos recursos y para las comunidades donde se desarrolla la actividad?
Como informó Energía 360, la Legislatura mendocina sancionó el 10 de noviembre la Ley 9744, que reemplazará el régimen provincial anterior y establecerá un nuevo marco para la exploración, explotación, transporte y almacenamiento de hidrocarburos.
Sin embargo, el alcance de la normativa va mucho más allá de la aprobación de una nueva legislación. Sus 40 artículos introducen mecanismos que pueden modificar las condiciones económicas de los proyectos petroleros, especialmente en aquellos yacimientos convencionales que atraviesan una etapa de declinación productiva.
El texto también incorpora herramientas para desarrollar recursos no convencionales, fortalecer la fiscalización, promover la contratación de trabajadores y proveedores mendocinos y establecer responsabilidades sobre el abandono de pozos y la reparación de daños ambientales.
Uno de los cambios más importantes está relacionado con las regalías, es decir, el porcentaje del valor de los hidrocarburos producidos que las empresas deben pagar a la provincia por la explotación del recurso.
La nueva ley establece que, en las futuras licitaciones, las compañías competirán utilizando una regalía de referencia del 15%. Pero hay un detalle importante: ese porcentaje no será necesariamente el que termine pagando cada operadora.
El artículo 11 introduce una fórmula denominada 15% más X, donde esa variable podrá ser positiva o negativa, según la propuesta presentada por la empresa.
Para entenderlo de manera sencilla, una compañía podría ofrecer pagar el 12% de regalías, mientras que otra podría proponer el 18%. Ambas ofertas podrán ser evaluadas por la provincia, aunque el porcentaje no será el único factor determinante.
La legislación establece que el monto de las inversiones comprometidas deberá tener un peso preponderante en la adjudicación de las áreas. Esto significa que Mendoza buscará evaluar no solamente cuánto dinero puede recaudar mediante regalías, sino también cuánto capital se compromete a invertir cada empresa y qué producción proyecta obtener.
En términos prácticos, se trata de un mecanismo que permite adaptar las condiciones económicas a las características de cada proyecto, aunque la adjudicación dependerá de los criterios establecidos en los respectivos pliegos licitatorios.
La flexibilidad en las regalías no termina allí.
El artículo 28 faculta al Poder Ejecutivo provincial a reducir hasta el 5% la alícuota establecida en una concesión, tomando en consideración la productividad, las condiciones y la ubicación de los pozos.
Sin embargo, este beneficio no será automático. La empresa deberá demostrar que cumplió efectivamente con los plazos y el plan de inversiones que comprometió al obtener la adjudicación.
El artículo 29 incorpora una posibilidad adicional: crear regímenes específicos que permitan establecer regalías incluso inferiores al 5%.
Esta herramienta estará orientada a proyectos de reactivación de pozos inactivos, exploración complementaria, explotación de crudos pesados y recuperación mejorada de petróleo.
¿Por qué es importante esta modificación?
Porque uno de los principales desafíos de Mendoza está relacionado con sus yacimientos maduros, es decir, campos petroleros que llevan décadas en producción y cuyos niveles de extracción disminuyen naturalmente con el tiempo.
En estos yacimientos, mantener la producción suele requerir intervenciones sobre los pozos existentes, perforaciones adicionales o tecnologías de recuperación secundaria y terciaria. Son trabajos que demandan inversiones y que, dependiendo del volumen de petróleo que todavía pueda recuperarse, no siempre ofrecen resultados económicos suficientes para justificar su ejecución.
La reducción de regalías busca mejorar las condiciones de esos proyectos para que las operadoras encuentren incentivos para continuar invirtiendo.
Esto no significa que una reducción de impuestos o regalías garantice automáticamente más producción. El resultado dependerá de las condiciones geológicas, los costos operativos, el precio del petróleo y las inversiones efectivamente realizadas.
También existe una contrapartida para las cuentas provinciales: al cobrar una regalía menor, Mendoza resignará una parte de sus ingresos por cada unidad producida. La expectativa es que una mayor actividad permita compensar, total o parcialmente, esa reducción mediante nuevos volúmenes de producción.
Otro aspecto que merece atención es la posibilidad de reducir los costos asociados a la permanencia de las empresas en determinadas áreas.
El artículo 30 autoriza compensaciones parciales del canon de explotación cuando las operadoras presenten proyectos de exploración de riesgo, exploración complementaria o pilotos no convencionales bajo las condiciones establecidas por la norma.
Para acceder a ese mecanismo, las compañías deberán comprometer inversiones por un monto equivalente, como mínimo, al doble del canon que pretendan compensar, y su ejecución deberá ser verificada por la autoridad provincial.
Además, el artículo 31 permite reducir hasta un 80% el canon correspondiente a la prórroga de permisos de exploración.
Son herramientas orientadas a vincular determinados beneficios económicos con nuevas inversiones, en lugar de mantener exclusivamente obligaciones de pago desvinculadas de la actividad exploratoria.
La nueva legislación también contempla el desarrollo de hidrocarburos no convencionales.
Mendoza tiene una porción de la formación Vaca Muerta en el sur de su territorio, principalmente en la Cuenca Neuquina, donde existen proyectos exploratorios y expectativas de ampliar la actividad.
La Ley 9744 contempla expresamente la reconversión de concesiones convencionales a no convencionales, conforme a la legislación nacional, y permite resolver solicitudes de división o unificación de áreas.
Estas disposiciones son relevantes porque los proyectos de shale oil y shale gas tienen características diferentes de la explotación convencional. Requieren perforaciones horizontales, fractura hidráulica, infraestructura de superficie y programas de inversión que deben sostenerse durante distintas etapas de desarrollo.
La nueva norma no implica que se hayan aprobado automáticamente nuevos desarrollos en Vaca Muerta, pero establece mecanismos para tramitar y administrar esos proyectos dentro de la jurisdicción provincial.
En cuanto a la adjudicación de áreas, la legislación mantiene la licitación pública como procedimiento general.
También permite que las empresas presenten iniciativas sobre superficies libres o cuyos títulos se encuentren dentro de los doce meses anteriores a su vencimiento. Si el Gobierno provincial considera que la propuesta resulta de interés público, podrá convocar a una licitación y otorgar al impulsor una preferencia en igualdad de condiciones.
Existe, además, una herramienta para evitar que determinados yacimientos queden sin administración cuando finaliza una concesión.
El artículo 6 autoriza excepcionalmente al Poder Ejecutivo a contratar de manera directa a la empresa estatal EMESA o a otras operadoras que ya posean concesiones en Mendoza para hacerse cargo transitoriamente de áreas sin titular vigente.
La finalidad es garantizar la seguridad, preservar las instalaciones, atender las obligaciones ambientales y mantener la continuidad operativa hasta que se concrete una nueva adjudicación mediante licitación pública.
Ese proceso deberá realizarse dentro de un plazo máximo de 18 meses, que la ley establece como improrrogable.
Para las comunidades donde funciona la industria petrolera, otro punto relevante aparece en el artículo 15, relacionado con el empleo y los proveedores locales.
La norma establece que las empresas deberán incorporar a sus planes de trabajo programas destinados a desarrollar proveedores provinciales y tender a priorizar la contratación de trabajadores mendocinos o residentes en Mendoza.
También contempla la adquisición de bienes y servicios locales en condiciones equivalentes de capacidad, responsabilidad, calidad y precio.
Aquí es importante realizar una distinción: la nueva ley no fija un porcentaje obligatorio de empleo local, sino que exige incorporar programas orientados a favorecer esa contratación.
Por lo tanto, el alcance concreto de esta disposición dependerá de cómo se reglamente, se implemente y se fiscalice su cumplimiento.
El capítulo ambiental introduce otras obligaciones que pueden tener consecuencias directas para las empresas, particularmente en las áreas convencionales.
Los artículos 18 y 19 establecen que las operadoras deberán prevenir y mitigar los impactos de sus actividades y hacerse responsables del cierre y abandono de pozos, instalaciones, ductos y demás infraestructura afectada a la producción.
También deberán ejecutar las medidas de saneamiento, recomposición, restauración y monitoreo que correspondan.
La norma incorpora una disposición especialmente relevante: la finalización de una concesión, su vencimiento, renuncia o devolución no libera automáticamente a la empresa de sus responsabilidades ambientales.
Esto significa que una operadora no podrá desligarse de las obligaciones que legalmente le correspondan por el abandono de pozos o la existencia de daños ambientales simplemente porque haya dejado de explotar un yacimiento.
La legislación también obliga a las compañías a presentar cada dos años una Declaración Jurada de Buenas Prácticas, que tendrá carácter público, con información vinculada a ambiente, comunidades, capacitación laboral, proveedores, transparencia, seguridad y salud ocupacional.
En materia de fiscalización, Mendoza establece un nuevo régimen sancionatorio.
Las infracciones se clasificarán en leves, graves, muy graves y gravísimas, según la naturaleza del incumplimiento, los riesgos generados y los daños ocasionados.
Una particularidad es que las multas estarán expresadas en cantidades equivalentes a litros de nafta súper, en lugar de establecerse mediante montos fijos en pesos.
Según la categoría, las sanciones económicas podrán oscilar entre el equivalente a 20.000 y 2.090.000 litros de combustible. En situaciones agravadas, como reincidencia u ocultamiento de información, podrán alcanzar hasta el doble del máximo previsto para cada categoría.
Para calcular el importe se utilizará el precio promedio de la nafta súper en Mendoza durante el mes anterior a la imposición de la sanción, según una fuente oficial.
La ley crea además una Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera, cuya alícuota no podrá superar el 0,8% de los montos correspondientes a regalías o cánones, según el título o actividad.
La Dirección de Hidrocarburos tendrá facultades para inspeccionar instalaciones y yacimientos sin aviso previo, solicitar documentación técnica y económica y realizar auditorías.
También se creará un Registro Provincial de la Actividad Hidrocarburífera que reunirá información de las empresas, las concesiones, las multas y las regalías.
Uno de los aspectos vinculados a la transparencia es que los datos sobre alícuotas vigentes, producción, regalías liquidadas por área y reducciones otorgadas deberán ser públicos y remitirse trimestralmente a los municipios donde se encuentran los yacimientos.
La ley contempla, asimismo, la convivencia entre actividades hidrocarburíferas y mineras cuando existan derechos superpuestos sobre un mismo territorio. En esos casos, las empresas deberán procurar soluciones técnicas que permitan desarrollar ambas actividades y, cuando esa compatibilidad resulte imposible, el Gobierno provincial deberá resolver el conflicto mediante una decisión fundada.
Finalmente, la Ley 9744 dispone la derogación de las leyes provinciales 7526 y 9137, aunque mantiene la validez de los derechos, contratos y obligaciones legalmente constituidos durante su vigencia.
El nuevo régimen comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Mendoza y deberá ser reglamentado por el Poder Ejecutivo.
La reforma plantea así un cambio en la forma de administrar los recursos hidrocarburíferos provinciales. Mendoza incorpora mecanismos para adaptar las regalías a las condiciones de los proyectos, incentivar la recuperación de yacimientos maduros, impulsar nuevas exploraciones y establecer obligaciones de control sobre las operadoras.
Pero su impacto no podrá medirse únicamente por las herramientas que incorpora al marco legal.
La verdadera prueba será determinar si las reducciones de regalías y los incentivos terminan convirtiéndose en inversiones, pozos recuperados, mayor producción y oportunidades de empleo, sin debilitar las exigencias ambientales y las responsabilidades de las empresas.
Porque una legislación puede modificar las condiciones para producir petróleo y gas, pero el resultado dependerá de cómo se aplique, de cuánto inviertan las operadoras y de la capacidad del Estado provincial para controlar que los compromisos asumidos efectivamente se cumplan.
