Los gobernadores Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego y Carlos Sadir acordaron avanzar en una estrategia conjunta para impulsar la minería cuprífera. La iniciativa contempla la participación de cinco provincias, la creación de un organismo regional y políticas comunes para fortalecer el empleo, la capacitación y los proveedores locales.
Argentina dio un nuevo paso en la organización de su desarrollo minero. Los gobernadores de Mendoza, San Juan y Jujuy firmaron este jueves el Tratado Interprovincial de Creación de la Región Minera del Cobre, una iniciativa destinada a coordinar políticas públicas, atraer inversiones y fortalecer la participación de las economías provinciales en una industria que busca consolidarse como uno de los motores exportadores del país.
El acuerdo fue suscripto por Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego y Carlos Sadir durante la II Cumbre Internacional de Minería Sostenible Mendoza 2026, en el marco de un encuentro de la Mesa del Cobre y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).
Aunque la firma inicial corresponde a tres provincias, el tratado también contempla la integración de Salta y Catamarca. La incorporación plena de ambas provincias dependerá de la firma de sus respectivos gobernadores.
La decisión representa una evolución institucional de la Mesa del Cobre, el espacio de articulación interprovincial constituido en 2024, y busca establecer mecanismos permanentes de cooperación para acompañar el crecimiento de los proyectos cupríferos.
Un comité regional para coordinar políticas mineras
Uno de los principales puntos del tratado es la creación del Comité Regional del Cobre, que estará integrado por las máximas autoridades mineras de las provincias participantes.
Su función será coordinar políticas y planteos comunes ante el Gobierno nacional, especialmente en cuestiones vinculadas con la exploración, producción, industrialización y comercialización del mineral.
El acuerdo también prevé la participación de la Secretaría de Minería de la Nación y otros organismos nacionales cuando los asuntos tratados requieran su intervención.
Una vez que los cinco gobernadores suscriban el documento, el comité contará con un plazo de 90 días para definir sus objetivos, estructura organizativa y mecanismos de funcionamiento.
Sin embargo, la firma política no implica por sí sola la entrada en vigencia del tratado. Para ello será necesaria su ratificación por las respectivas legislaturas provinciales y su posterior comunicación al Congreso Nacional.
Empleo, capacitación y proveedores: el desafío de transformar inversiones en desarrollo
Más allá de la coordinación institucional, los mandatarios coincidieron en que el crecimiento minero debe traducirse en oportunidades concretas para las comunidades.
Durante su intervención, Cornejo planteó la necesidad de preparar a las empresas y trabajadores locales para competir por los contratos y puestos laborales que generarán los futuros emprendimientos.
“Las provincias tenemos una gran responsabilidad para que esas grandes inversiones derramen sobre nuestras comunidades”, sostuvo el gobernador mendocino.
En ese sentido, destacó la importancia de la formación técnica, la vinculación con universidades, el acceso al financiamiento y la reconversión de empresas para atender las necesidades de la industria.
Por su parte, Orrego puso el acento en las condiciones necesarias para atraer capitales de largo plazo.
“Para generar un clima de negocios se necesita confianza, y esa confianza se construye con seguridad jurídica, estabilidad fiscal y previsibilidad”, expresó el mandatario sanjuanino.
Desde Jujuy, Sadir señaló que la actividad minera genera actualmente más de 10.000 empleos, entre directos e indirectos, y remarcó su contribución al desarrollo económico de las comunidades cercanas a los emprendimientos.
Santa Fe busca integrarse como proveedora de la industria
La cumbre también dejó otro acuerdo de interés para el entramado productivo nacional. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó con Cornejo un convenio de cooperación para impulsar el desarrollo industrial, la capacitación de proveedores y la transferencia tecnológica.
La iniciativa apunta a vincular la capacidad manufacturera santafesina con la demanda de bienes y servicios que generarán los proyectos mineros.
“Santa Fe no tiene cordillera, pero es el socio estratégico que necesita la cordillera”, afirmó Pullaro.
El convenio contempla programas de trabajo conjuntos, intercambio de conocimientos y articulación entre cámaras empresariales, polos tecnológicos y parques industriales.
La incorporación de Santa Fe como socio industrial refleja una de las características del futuro desarrollo cuprífero argentino: sus oportunidades económicas no se limitarán a las provincias donde se encuentran los yacimientos, sino que también podrán extenderse a otras regiones con capacidad para abastecer a la industria.
El cobre argentino busca dar el salto productivo
La conformación de una región minera adquiere relevancia en un escenario de creciente demanda internacional de cobre, impulsada por la expansión de las redes eléctricas, las energías renovables, la electromovilidad y la infraestructura energética.
Argentina cuenta con importantes recursos cupríferos, particularmente en la región cordillerana, pero enfrenta el desafío de convertir ese potencial geológico en proyectos productivos.
San Juan concentra algunos de los desarrollos de mayor escala, como Vicuña y Los Azules, mientras que Mendoza busca ampliar su participación en la actividad mediante nuevos emprendimientos y exploraciones.
En este contexto, la coordinación entre provincias podría contribuir a identificar necesidades comunes de infraestructura, capacitación laboral y desarrollo de proveedores, además de fortalecer su interlocución con el Gobierno nacional.
La competitividad de la minería del cobre también dependerá de la disponibilidad de energía, agua, infraestructura logística y financiamiento, así como del cumplimiento de los requisitos ambientales y la construcción de consensos con las comunidades.
El desafío ahora será transformar el acuerdo institucional en medidas concretas. La creación del Comité Regional del Cobre abre una instancia de cooperación entre provincias que comparten expectativas de inversión, pero también exigencias relacionadas con la infraestructura, el empleo y la participación de las economías locales.
El avance de los proyectos y la capacidad de las jurisdicciones para coordinar sus políticas determinarán si esta nueva región logra convertirse en una herramienta efectiva para el desarrollo minero argentino.





