La Provincia comenzó a preparar el plan legal, técnico y financiero que presentará ante el Gobierno nacional para asumir dos corredores estratégicos. Aunque existe una decisión política para avanzar, todavía deben acordarse los tramos definitivos, el estado de las obras y los contratos, la fuente de financiamiento y las responsabilidades de cada provincia.

El traspaso de las rutas nacionales 22 y 151 a Río Negro ingresó en una nueva etapa, pero todavía no está formalmente concluido. La Provincia trabaja actualmente en la elaboración de las condiciones bajo las cuales estaría dispuesta a asumir la administración, el mantenimiento y el mejoramiento de ambos corredores, mientras continúan las negociaciones con el Gobierno nacional.

La última novedad fue comunicada ayer 16 de junio, cuando el gobernador Alberto Weretilneck encabezó una mesa de trabajo integrada por representantes de los ministerios de Obras y Servicios Públicos y Hacienda, Vialidad Rionegrina, Fiscalía de Estado y la Legislatura provincial.

El objetivo de ese encuentro fue comenzar a ordenar los aspectos legales, técnicos y financieros del plan que Río Negro presentará ante Nación. Es decir, la Provincia todavía no recibió definitivamente las rutas ni asumió plenamente su operación: está definiendo qué condiciones reclamará antes de formalizar el traspaso.

Los corredores involucrados son la Ruta Nacional 22, desde Río Colorado hasta Cipolletti, y la Ruta Nacional 151, desde Cipolletti hasta el límite con La Pampa. Se trata de dos ejes centrales para el tránsito urbano e interurbano, la producción frutícola, el transporte de cargas y la conexión entre Río Negro, Neuquén y el área de influencia de Vaca Muerta.

El presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, explicó que la Provincia deberá determinar en qué condiciones se hará cargo del mejoramiento de las trazas. También señaló que será necesario buscar financiamiento, elaborar los proyectos ejecutivos y realizar posteriormente las licitaciones correspondientes.

Esta definición confirma que el proceso se encuentra en una instancia preparatoria. Existe voluntad política de Río Negro para aceptar la transferencia, pero todavía no se conocen el costo total de las intervenciones, el cronograma de obras, la fuente definitiva de los recursos ni el instrumento jurídico mediante el cual se concretará el cambio de jurisdicción.

La historia comenzó formalmente el 13 de mayo de 2024. Ese día, los gobernadores Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa enviaron una nota conjunta a la Dirección Nacional de Vialidad para solicitar la provincialización de cuatro corredores.

Río Negro pidió asumir los tramos de las rutas nacionales 22 y 151 ubicados dentro de su territorio. Neuquén, por su parte, planteó hacerse cargo de sectores de la Ruta 22 y de las rutas nacionales 231 y 242.

El argumento principal fue el deterioro de las calzadas, la paralización de obras y la falta de respuestas sostenidas por parte del Estado nacional. Ambos gobiernos advirtieron que esa situación afectaba la seguridad vial, la integración regional y la actividad económica, especialmente el transporte relacionado con Vaca Muerta.

El pedido original no proponía únicamente cambiar el nombre de la jurisdicción responsable. Planteaba transferir a las vialidades provinciales las tareas de mantenimiento y operación, acompañadas por un esquema de financiamiento público, privado o mixto que permitiera conservar y mejorar las rutas.

Ese punto continúa siendo uno de los aspectos centrales de la discusión. La transferencia de una ruta deteriorada implica asumir costos elevados de conservación, reparación y construcción. Por eso, la Provincia busca evitar que el traspaso se limite a recibir la responsabilidad sin contar con recursos suficientes para afrontar las obras pendientes.

Durante 2024 y 2025, Vialidad Nacional mantuvo formalmente la administración de los corredores y realizó algunas tareas de mantenimiento. Sin embargo, los problemas estructurales continuaron, especialmente en sectores de la Ruta 151 y en las obras inconclusas de la Ruta 22.

El proceso adquirió una nueva dimensión en abril de este año, cuando el Gobierno rionegrino informó que Nación había dispuesto avanzar con la transferencia. Weretilneck sostuvo entonces que comenzaba una etapa compleja y que todavía debían discutirse los tramos, los proyectos pendientes y la situación de los contratos vigentes o abandonados.

Entre los puntos conflictivos mencionó la obra de la rotonda de Choele Choel, el denominado puente 83 en Cipolletti y los sectores deteriorados de la Ruta 151 entre Barda del Medio y Catriel.

También recordó las diferencias técnicas que durante años existieron entre Vialidad Nacional y municipios como General Roca y Cervantes por el diseño de las intervenciones proyectadas sobre la Ruta 22.

Esa enumeración muestra que la Provincia no recibiría solamente una traza vial. También debería hacerse cargo de expedientes, contratos, obras paralizadas, proyectos discutidos y posibles responsabilidades administrativas que primero deberán ser identificadas y ordenadas.

Weretilneck aclaró en abril que Río Negro no utilizará recursos destinados a educación, salud o seguridad para financiar las obras. La declaración colocó al financiamiento como una condición fundamental para cerrar el acuerdo.

El 3 de junio de 2026, el Gobernador se reunió en la Casa Rosada con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli. Durante el encuentro analizaron el estado de las negociaciones por la transferencia de las rutas 22 y 151.

La comunicación oficial habló de avances, aunque no informó la firma de un convenio definitivo. Tampoco difundió montos, plazos de ejecución, mecanismos de financiamiento ni una fecha concreta para que la Provincia asuma formalmente los corredores.

El paso siguiente llegó el 16 de junio, con la conformación de la mesa provincial destinada a preparar el plan de acción. La participación de Hacienda, Fiscalía de Estado, Vialidad, Obras Públicas y la Legislatura refleja que el traspaso requerirá decisiones que van más allá del mantenimiento vial.

Hacienda deberá intervenir en la evaluación de los costos y el esquema de financiamiento. Fiscalía de Estado analizará las condiciones jurídicas y las responsabilidades que asumirá la Provincia. Vialidad Rionegrina deberá relevar el estado de las rutas y proyectar las intervenciones. Obras Públicas coordinará la planificación y las futuras licitaciones.

La presencia de representantes legislativos también anticipa que podrían ser necesarias autorizaciones legales o presupuestarias para aprobar el convenio, habilitar mecanismos de financiamiento o aceptar formalmente los bienes y las responsabilidades transferidas por Nación.

Al día de hoy, 17 de junio, la situación puede resumirse de la siguiente manera: Nación manifestó su decisión de avanzar, Río Negro aceptó políticamente el desafío y ambas jurisdicciones mantienen negociaciones, pero el traspaso efectivo todavía depende de un acuerdo que establezca con precisión qué se transfiere, en qué condiciones y con qué recursos.

Entre los asuntos pendientes aparece, en primer lugar, la delimitación exacta de los tramos. Aunque la Provincia informó que la Ruta 22 abarcará desde Río Colorado hasta Cipolletti y la 151 desde Cipolletti hasta La Pampa, el convenio deberá definir los kilómetros, intersecciones, rotondas, puentes, colectoras, variantes y demás componentes incluidos.

También será necesario realizar un inventario técnico de las rutas. Ese relevamiento deberá determinar el estado de las calzadas, banquinas, puentes, alcantarillas, señalización, iluminación y sistemas de seguridad vial, además de estimar el costo de las reparaciones inmediatas y de las obras estructurales.

Otro punto será resolver qué sucederá con los contratos firmados por Vialidad Nacional. Algunos podrían estar vigentes, paralizados, rescindidos o atravesados por reclamos administrativos y judiciales. Río Negro deberá conocer esa situación antes de aceptar posibles obligaciones.

La fuente de financiamiento continúa abierta. El Gobierno provincial habló de buscar recursos y señaló que podría avanzar con financiamiento propio, aunque aclaró que no afectará partidas esenciales. Todavía no se confirmó si habrá aportes nacionales, créditos, fondos específicos, participación privada, concesiones o algún sistema de peajes.

Tampoco se informó cuánto costará recuperar ambas rutas. Sin una evaluación técnica integral, no es posible establecer el volumen de recursos que requerirá la Provincia durante los primeros años de administración.

Luego de resolver esos puntos deberá firmarse el instrumento jurídico de transferencia. Ese acuerdo tendrá que precisar la fecha de vigencia, las obligaciones de Nación y Río Negro, los bienes transferidos, los contratos involucrados y el esquema de financiamiento.

Posteriormente podrían ser necesarias la aprobación legislativa provincial, la elaboración de proyectos ejecutivos, la obtención de recursos y la convocatoria a licitaciones. Recién después comenzarían las obras de mayor magnitud.

Mientras ese procedimiento no se complete, las rutas continúan siendo nacionales. Por lo tanto, la responsabilidad jurisdiccional no debe considerarse transferida solamente por los anuncios políticos o por el inicio de las conversaciones.

La decisión de Río Negro busca responder a una problemática que lleva años sin resolverse, pero también abre un desafío institucional y presupuestario de gran escala. Asumir las rutas permitiría a la Provincia definir prioridades y proyectos con una mirada territorial, aunque también significaría incorporar corredores extensos y deteriorados a su estructura de mantenimiento.

La Ruta 22 atraviesa el Valle Medio y el Alto Valle y cumple una función central para la producción frutícola, el movimiento industrial y la conexión con Neuquén. La Ruta 151 vincula Cipolletti, Cinco Saltos, Campo Grande y Catriel y soporta una circulación creciente relacionada con la actividad hidrocarburífera.

El aumento del tránsito pesado asociado a Vaca Muerta agravó el deterioro de ambas trazas y volvió más urgente la necesidad de intervenir. Sin embargo, esa misma intensidad de circulación implica que las obras y el mantenimiento requerirán recursos permanentes, no solamente una inversión inicial.

El último anuncio del Gobierno de Río Negro no confirmó que el traspaso ya se haya concretado. Informó que la Provincia comenzó a definir su plan de acción y las condiciones que llevará a la negociación final con Nación.

La etapa actual es, por lo tanto, la de preparación técnica, legal y financiera previa a la firma del convenio. El paso decisivo será conocer qué condiciones aceptará el Gobierno nacional, cómo se financiará la recuperación de las rutas y qué obligaciones quedarán bajo responsabilidad de cada jurisdicción.

Hasta entonces, el proceso avanza, pero continúa abierto. La voluntad política está expresada; todavía falta convertirla en un acuerdo operativo, financiado y jurídicamente válido que permita a Río Negro asumir las rutas 22 y 151 sin trasladar a la Provincia un problema vial sin los recursos necesarios para resolverlo.