Los legisladores Mario Herrero y Graciela Seva solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo para intentar suspender el convenio entre el Gobierno provincial y la compañía minera. Cuestionan el esquema de aportes, las regalías y los compromisos ambientales. Desde el Ejecutivo defendieron el acuerdo y atribuyeron el reclamo a una disputa política.
El acuerdo entre el Gobierno de San Juan y Vicuña Argentina, que contempla un aporte anticipado de hasta 250 millones de dólares para financiar obras de infraestructura, sumó un nuevo capítulo de controversia política e institucional. Dos diputados provinciales solicitaron a la Defensoría del Pueblo que impulse una acción judicial para intentar suspender su aplicación.
La presentación fue realizada por Mario Herrero y Graciela Seva, integrantes del bloque opositor San Juan Vuelve, quienes cuestionan las condiciones económicas y ambientales del entendimiento alcanzado con la compañía responsable del desarrollo de los proyectos Josemaría y Filo del Sol.
Según informó el medio especializado Minería & Desarrollo, los legisladores acudieron al organismo encabezado por Florencia Peñaloza para solicitar que se promueva una demanda judicial y se requiera una medida cautelar destinada a suspender la ejecución del Acta Compromiso firmada entre la Provincia y la empresa.
El planteo se produjo apenas dos días después de que la Cámara de Diputados aprobara el contrato del denominado Fideicomiso Aporte DIA Vicuña, instrumento destinado a administrar los recursos comprometidos para las obras de infraestructura.
Los cuestionamientos al acuerdo
Uno de los principales argumentos de los legisladores opositores está relacionado con la distribución de los beneficios económicos que recibirá San Juan por el desarrollo minero.
El esquema contempla un anticipo de hasta US$ 250 millones para infraestructura y un aporte equivalente al 1,5% de las ventas brutas del proyecto a partir del sexto año de operaciones. Este último concepto es independiente de las regalías mineras, previstas en el acuerdo con una alícuota estabilizada del 3%.
Herrero cuestionó que el aporte adicional comience a percibirse recién desde el sexto año y sostuvo que la Provincia podría obtener mayores ingresos si ese porcentaje se aplicara desde el inicio de la producción.
Sin embargo, la comparación económica planteada por el legislador no estuvo acompañada públicamente por un cálculo completo que permita determinar cuánto dinero dejaría de percibir efectivamente San Juan.
Otro de los aspectos cuestionados es el porcentaje de regalías. Los diputados consideran que la Provincia debería evaluar la posibilidad de aplicar una alícuota superior, teniendo en cuenta que la legislación nacional contempla un límite de hasta el 5% para determinados proyectos nuevos, bajo condiciones específicas.
En materia ambiental, los legisladores también expresaron reparos sobre el alcance de las obligaciones asumidas por Vicuña y sostienen que algunos compromisos previstos en las declaraciones de impacto ambiental podrían verse modificados por el convenio.
Estas observaciones constituyen cuestionamientos de la oposición y no implican, por sí mismas, que se haya comprobado una irregularidad contractual o ambiental.
Un fideicomiso aprobado por la Legislatura
El Acta Compromiso original fue firmada el 5 de agosto y ratificada por la Legislatura sanjuanina el 19 de ese mismo mes, mediante la Ley 2836-M.
Posteriormente, el 17 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el contrato del Fideicomiso Aporte DIA Vicuña, con 22 votos afirmativos, dos negativos, siete abstenciones y cinco ausencias.
De acuerdo con la información oficial del Poder Legislativo, el instrumento establece que el Banco de San Juan actuará como fiduciario y que los fondos deberán destinarse a obras de infraestructura contempladas en el acuerdo.
Durante el debate parlamentario también surgieron cuestionamientos vinculados con los mecanismos de control, la participación de los municipios en la definición de prioridades y la transparencia en la administración de los recursos.
Desde los sectores que respaldaron la iniciativa defendieron la existencia de procedimientos de licitación, rendiciones de cuentas, auditorías y controles institucionales sobre la utilización del dinero.
La respuesta del Gobierno de San Juan
Frente al planteo opositor, el ministro de Producción provincial, Gustavo Fernández, defendió el convenio alcanzado con la compañía minera y cuestionó las motivaciones políticas de la presentación.
En declaraciones publicadas por Diario Huarpe, el funcionario calificó el reclamo como una “chicana política” y aseguró que se trata del “mejor acuerdo en la historia de la minería de San Juan”.
Fernández sostuvo que el actual Gobierno provincial recuperó herramientas de financiamiento utilizadas durante administraciones anteriores y buscó mejorar sus condiciones para garantizar inversiones en infraestructura vinculadas con el desarrollo productivo.
No obstante, el ministro reconoció que al momento de formular sus declaraciones todavía no había analizado en detalle la presentación realizada por los diputados.
Qué puede pasar con el acuerdo
La presentación ante la Defensoría del Pueblo no significa que el convenio haya quedado suspendido ni que exista una resolución judicial contraria a su implementación.
El organismo deberá evaluar el reclamo y determinar si corresponde promover una acción judicial. En caso de avanzar por esa vía, será la Justicia la encargada de analizar los fundamentos y resolver una eventual solicitud cautelar.
Mientras tanto, el acuerdo continúa vigente.
La controversia se desarrolla en un momento de expansión de la actividad minera argentina, con San Juan posicionada como uno de los principales destinos de inversión para el desarrollo de proyectos de cobre, oro y plata.
Vicuña, impulsado por BHP y Lundin Mining, constituye uno de los emprendimientos de mayor escala proyectados para el país y requiere importantes inversiones en infraestructura para avanzar hacia su etapa productiva.
En este escenario, la discusión trasciende el enfrentamiento político provincial y vuelve a poner sobre la mesa cómo deben distribuirse los beneficios económicos de los grandes proyectos mineros, qué participación tendrán las comunidades y cuáles serán los mecanismos de control sobre los compromisos asumidos por las empresas.





