El desarrollo que integra los depósitos Josemaría y Filo del Sol recibió el visto bueno para incorporarse al régimen bajo la categoría de Proyecto Estratégico de Exportación de Largo Plazo. La primera etapa demandaría una inversión inicial de US$7.100 millones y podría generar, durante la construcción, un promedio de 5.500 empleos directos y 19.000 indirectos.

El Proyecto Vicuña alcanzó uno de los principales hitos necesarios para avanzar hacia su etapa de construcción. La iniciativa minera que reúne los depósitos Josemaría y Filo del Sol, en la provincia de San Juan y sobre la frontera con Chile, obtuvo la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones bajo la categoría de Proyecto Estratégico de Exportación de Largo Plazo.

La incorporación al esquema conocido como RIGI PEELP le permitirá acceder a un marco de estabilidad fiscal y regulatoria por 40 años, además de beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios previstos para las inversiones de gran escala y con una fuerte orientación exportadora.

Vicuña es una sociedad controlada en partes iguales por Lundin Mining y BHP, dos de las compañías mineras más importantes del mercado internacional. El proyecto apunta a desarrollar de manera integrada uno de los distritos de cobre, oro y plata con mayor potencial del mundo.

La aprobación del régimen no representa, sin embargo, el inicio automático de la construcción. El proyecto todavía debe completar instancias de ingeniería, permisos, financiamiento y evaluación interna antes de que sus accionistas adopten la decisión final de inversión. La compañía señaló que espera estar en condiciones de resolver la primera etapa antes de finalizar 2026.

El plan prevé un desarrollo progresivo dividido en tres fases. La primera contempla la explotación inicial del depósito Josemaría y la construcción de una planta concentradora para procesar minerales sulfurados. De acuerdo con el estudio técnico presentado por Lundin Mining, esta etapa requeriría una inversión inicial estimada en US$7.100 millones.

La segunda fase incorporaría los minerales oxidados lixiviables de Filo del Sol mediante una planta de extracción por solventes y electrodeposición, un proceso conocido dentro de la industria como SX-EW. La tercera etapa avanzaría sobre los sulfuros de Filo del Sol y ampliaría la capacidad de procesamiento del complejo.

El desarrollo completo de las tres fases demandaría alrededor de US$18.100 millones en capital inicial, según las estimaciones preliminares difundidas por la empresa. A esa cifra deberán sumarse las inversiones de sostenimiento que serán necesarias durante la extensa vida operativa prevista para el distrito.

El estudio calcula una vida útil inicial superior a los 70 años, aunque se trata de una proyección conceptual que podrá modificarse a medida que avancen la ingeniería, las campañas de exploración y la conversión de recursos minerales en reservas económicamente explotables.

Durante los primeros 25 años completos de operación, Vicuña proyecta una producción promedio anual de aproximadamente 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata. En determinados períodos, la producción de cobre podría superar las 500.000 toneladas anuales.

De concretarse esas previsiones, el complejo podría ubicarse entre las cinco mayores minas de cobre, oro y plata del mundo. El cobre sería el principal producto económico del proyecto, aunque los aportes del oro y la plata tendrían un peso relevante sobre los ingresos y los costos operativos.

La compañía estima que Vicuña podría aportar alrededor de US$965 millones por año a la economía argentina en concepto conjunto de impuestos y regalías. A lo largo de toda la vida útil proyectada, esa contribución acumulada alcanzaría aproximadamente US$69.000 millones.

La cifra debe interpretarse como una estimación elaborada a partir del escenario económico y productivo incluido en el estudio técnico preliminar. No corresponde únicamente a regalías mineras, sino al conjunto de tributos nacionales, provinciales y otros aportes fiscales que generaría el proyecto durante su operación.

En materia de empleo, el desarrollo demandaría durante la construcción un promedio de 5.500 trabajadores directos, incluyendo personal propio y contratistas. También podría sostener alrededor de 19.000 puestos indirectos asociados a proveedores, servicios, transporte, alimentación, logística, mantenimiento y otras actividades vinculadas con la cadena minera.

El impacto sobre el empleo será más intenso durante la construcción, cuando se ejecuten las principales obras civiles, caminos, plantas de procesamiento, tendidos eléctricos y estructuras auxiliares. Una vez iniciada la producción, la cantidad de trabajadores directos será menor, aunque se mantendrá una demanda estable de perfiles técnicos, operativos y profesionales.

La infraestructura energética será uno de los principales desafíos. Para abastecer las primeras etapas se proyecta utilizar electricidad del Sistema Argentino de Interconexión mediante nuevas instalaciones de alta tensión entre Rodeo, Chaparro y el área minera.

La primera y la segunda fase requerirían una demanda conjunta cercana a los 380 megavatios, mientras que el desarrollo completo podría elevar las necesidades energéticas hasta aproximadamente 738 megavatios. Esto obligará a ejecutar nuevas líneas, estaciones transformadoras y ampliaciones sobre el sistema existente.

El procedimiento de acceso eléctrico ya generó planteos de otros proyectos mineros y organismos provinciales, que solicitaron garantizar que la asignación de capacidad para Vicuña no limite el abastecimiento futuro de otros emprendimientos productivos. Por ese motivo, el desarrollo de la infraestructura deberá coordinarse con la expansión general del sistema eléctrico regional.

El proyecto también tendrá una fuerte integración con Chile. En las etapas más avanzadas se contempla construir una planta desalinizadora sobre la costa chilena, un acueducto para transportar agua hacia la cordillera, instalaciones portuarias y un sistema para trasladar el concentrado de cobre.

Durante la primera fase, el concentrado producido en Josemaría sería transportado en camiones hasta un puerto chileno para su exportación. Más adelante, el aumento de la producción podría requerir un ducto para concentrados y nuevas instalaciones de tratamiento.

La aprobación del RIGI representa una señal favorable para los accionistas, ya que mejora la previsibilidad de una inversión que se desplegará durante varias décadas. Entre los beneficios se incluyen estabilidad fiscal y regulatoria, reducción de determinadas cargas tributarias, incentivos sobre el IVA, eliminación progresiva de derechos de exportación y mayores posibilidades para disponer de las divisas generadas.

Por tratarse de un Proyecto Estratégico de Exportación de Largo Plazo, Vicuña accederá a condiciones más extensas que las previstas por el régimen general. La estabilidad se amplía de 30 a 40 años y se aceleran algunos plazos vinculados con las exportaciones y la disponibilidad de ingresos.

Aun con la aprobación obtenida, el cronograma definitivo dependerá de las decisiones de BHP y Lundin Mining, de la conclusión de los estudios de ingeniería, de los permisos ambientales pendientes y de la estructura de financiamiento que se adopte para una inversión de esta magnitud.

Vicuña ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente a la explotación de Josemaría, aunque deberá tramitar actualizaciones y autorizaciones adicionales para integrar las siguientes etapas y las infraestructuras asociadas.

El estudio técnico difundido por la empresa es una evaluación económica preliminar. Esto significa que todavía contiene recursos minerales inferidos y supuestos que deberán ser confirmados antes de considerar demostrada la viabilidad económica integral del desarrollo.

La incorporación al RIGI constituye, por lo tanto, una condición relevante pero no suficiente para garantizar la ejecución. El próximo paso determinante será la decisión final de inversión para la primera fase, que marcará si uno de los mayores proyectos metalíferos planificados en la Argentina ingresa efectivamente en construcción.

La magnitud de las inversiones, el volumen esperado de producción y su vida útil convierten a Vicuña en un proyecto con capacidad para modificar la escala de la minería argentina. También abre desafíos vinculados con la infraestructura, el empleo local, el desarrollo de proveedores, la gestión ambiental y la distribución de los beneficios económicos entre la Nación, las provincias y las comunidades involucradas.