La Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo se sumó al planteo realizado por Petroleros Privados y rechazó la reducción aplicada sobre contratos vigentes. Advirtió sobre el impacto que podría generar en el empleo, las inversiones y la seguridad, y pidió abrir una mesa de diálogo para revisar las condiciones.
La decisión de Halliburton de solicitar a sus proveedores una reducción del 23% sobre los valores de contratos vigentes comenzó a generar una reacción más amplia dentro de la cadena de servicios de Vaca Muerta. Después del cuestionamiento realizado por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, ahora la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo (CEISA) expresó públicamente su rechazo a la medida y reclamó la apertura de una instancia de negociación.
La entidad empresaria manifestó su “profunda preocupación” por la decisión comunicada por Halliburton Argentina para el período comprendido entre agosto y diciembre de 2026 y cuestionó que una modificación de esa magnitud sea aplicada sobre contratos que se encuentran actualmente vigentes.
Pero CEISA fue un paso más allá. La Cámara advirtió que su preocupación no se limita exclusivamente al caso de Halliburton, sino a la posibilidad de que una política similar de reducción de costos pueda ser adoptada por otras compañías de servicios especiales o incluso por operadoras que trabajan dentro de la Cuenca Hidrocarburífera Neuquina.
Ese punto introduce una discusión más profunda en momentos en que Vaca Muerta avanza hacia una etapa de mayor escala productiva y toda la industria trabaja para mejorar su competitividad. Para CEISA, ese objetivo no debería alcanzarse mediante el traslado unilateral de costos hacia los eslabones con menor capacidad de negociación.
La organización empresaria destacó que las compañías neuquinas vienen acompañando el desarrollo de Vaca Muerta desde sus primeras etapas con inversiones en infraestructura, capacitación, tecnología y seguridad, además de asumir costos y riesgos para responder a las crecientes exigencias operativas de la actividad.
Desde esa perspectiva, CEISA sostuvo que una reducción del 23% no puede interpretarse simplemente como una actualización comercial.
Según la Cámara, semejante disminución representa una transferencia de costos hacia empresas proveedoras que, en muchos casos, no cuentan con capacidad financiera suficiente para absorberla sin modificar su estructura operativa.
La preocupación empresaria coincide así con uno de los principales puntos planteados previamente por Petroleros Privados: que el ajuste sobre los contratos termine trasladándose hacia otros componentes de la cadena y, finalmente, alcance al empleo.
CEISA enumeró entre las posibles consecuencias una reducción de puestos de trabajo, menores inversiones, pérdida de capacidad de innovación, postergación de programas de capacitación y un eventual debilitamiento de las condiciones de seguridad y de la competitividad de las compañías regionales.
Para la Cámara, además, el efecto podría extenderse mucho más allá de las empresas directamente involucradas. Una menor actividad de los proveedores impactaría sobre el comercio, las economías regionales y las familias de las localidades que dependen del desarrollo de Vaca Muerta.
La entidad no cuestionó la necesidad de continuar trabajando sobre los costos de la industria. Por el contrario, planteó que la competitividad resulta indispensable para sostener el crecimiento de Vaca Muerta, pero consideró que debe alcanzarse mediante innovación, planificación conjunta, mejora continua y acuerdos equilibrados entre los distintos integrantes de la cadena productiva.
En ese contexto, CEISA propuso que cualquier proceso de revisión de costos sea discutido en un ámbito institucional que incluya a operadoras, compañías de servicios especiales, proveedores, cámaras empresarias, organizaciones sindicales y al Gobierno de Neuquén.
La Cámara consideró que una mesa de trabajo permitiría analizar la situación económica de cada uno de los sectores involucrados y encontrar alternativas que permitan compatibilizar cuatro objetivos: mantener la competitividad de la industria, garantizar la continuidad de las empresas locales, preservar el empleo y sostener la paz social.
“Las empresas neuquinas no son un costo; son parte de la solución”, sostuvo CEISA en uno de los pasajes centrales del documento, donde reivindicó el papel de las firmas regionales en la generación de empleo, las inversiones, el desarrollo de proveedores y la actividad económica provincial.
Finalmente, la entidad convocó formalmente a Halliburton, a las demás empresas de servicios especiales, a las operadoras y a las autoridades competentes a generar de manera urgente un espacio de diálogo para revisar este tipo de decisiones.
El objetivo, según planteó, debería ser encontrar mecanismos que permitan reducir costos y mejorar la eficiencia sin deteriorar el entramado empresario que fue creciendo alrededor de Vaca Muerta.
“Vaca Muerta necesita competitividad, pero también necesita Responsabilidad Empresaria. No existe desarrollo sostenible cuando el ajuste recae exclusivamente sobre quienes generan empleo local. La competitividad debe construirse entre todos o terminará perjudicando a toda la cadena de valor”, afirmó el presidente de CEISA, Raúl Pablo Martin.
La posición de CEISA se suma de esta manera a la advertencia realizada por Petroleros Privados y eleva el nivel de la controversia alrededor de las condiciones comerciales que enfrentan los proveedores de Vaca Muerta. El debate ya no se concentra únicamente en cuánto debe bajar el costo de producir, sino también en cómo se distribuye ese esfuerzo entre las grandes compañías de servicios, las operadoras, las pymes regionales y los trabajadores.
Ese equilibrio aparece como uno de los desafíos centrales de la próxima etapa de desarrollo de la formación: alcanzar estándares internacionales de eficiencia sin debilitar, en el proceso, a las empresas locales que integran diariamente su cadena productiva.
