El juicio por la expropiación de YPF entra en una semana decisiva. El Estado argentino sostiene dos apelaciones y podría recurrir a la Corte Suprema de EE.UU. para evitar la entrega de acciones a fondos demandantes.
Este martes, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidirá si mantiene la suspensión de la orden que obliga al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de una indemnización de 16.100 millones de dólares. Esta medida responde a una sentencia previa de la jueza Loretta Preska, que favoreció a los fondos Burford Capital y Eton Park.
El especialista Sebastián Maril, economista argentino especializado en litigios internacionales, evaluó el actual juicio por la expropiación de YPF y dio a conocer tres escenarios posibles:
*Que se acepte la suspensión del juicio y se frene la entrega de las acciones.
*Que se rechace y se mantenga la orden.
*Que se exija una garantía económica alternativa.
Actualmente, el Estado argentino sostiene dos apelaciones paralelas. Una es contra la sentencia que establece la indemnización de 16.100 millones de dólares, cuya audiencia se fijó para la semana del 27 de octubre. La segunda, en la que la defensa debe presentar sus argumentos el 25 de septiembre, es contra el pedido de Preska de entregar las acciones.
En caso de no haber una resolución favorable, el Estado argentino podría apelar ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es una medida que los expertos definen como “poco habitual” por tratarse de un tema administrativo, pero el Estado estaría dispuesto a solicitarla.
Recordemos que a mediados de julio, La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York suspendió de manera provisoria la orden judicial que obligaba al Estado argentino a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes en el caso por la estatización de la petrolera, lo que representó un alivio momentáneo para el gobierno nacional.
¿Cuál es el marco legal argentino? La Ley 26.741 exige autorización del Congreso para transferir acciones de YPF. La demanda se basa en que el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición (OPA), como indicaban los estatutos de la empresa.
