El Gobierno nacional autorizó un mecanismo de cobro que alcanzará a más de 126.000 usuarios de Río Negro, Neuquén y Chubut. Los fondos se destinarán a devolver los préstamos utilizados para completar las plantas compresoras del Sistema Cordillerano-Patagónico. El cargo inicial será de $3.506,90 para los usuarios residenciales de la categoría R1, mientras que comercios y empresas afrontarán importes superiores.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) aprobó la aplicación de cargos específicos en las facturas de Camuzzi Gas del Sur para financiar la devolución de los créditos utilizados en las obras de ampliación del Sistema Cordillerano-Patagónico. La medida alcanzará a 126.711 usuarios de 25 localidades de Río Negro, Neuquén y Chubut, que deberán contribuir al recupero de una obligación financiera proyectada en $56.493 millones.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 919/2026, publicada el 6 de noviembre en el Boletín Oficial de la República Argentina, después de concluir un procedimiento de consulta pública que recibió observaciones de organismos provinciales, representantes comerciales y asociaciones de consumidores.

El nuevo cargo permitirá devolver los préstamos otorgados por el Banco del Chubut y el Banco Provincia del Neuquén para completar la instalación, el montaje y la puesta en funcionamiento de las plantas compresoras de Río Senguer y Gobernador Costa, ubicadas en Chubut. Estas instalaciones forman parte de la repotenciación del sistema que abastece de gas natural a distintas localidades cordilleranas y cuya ampliación permite mejorar las condiciones de suministro y habilitar nuevas conexiones.

En Río Negro, el esquema comprende a San Carlos de Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Comallo, Ingeniero Jacobacci, Clemente Onelli, Ñorquinco y El Bolsón.

Según la resolución, el cargo fue calculado inicialmente tomando como referencia el 35% del componente fijo vigente de cada categoría tarifaria. Esto no significa que la factura completa aumentará un 35%, sino que se incorporará un concepto específico cuyo importe dependerá del tipo de usuario.

Para los hogares comprendidos en la categoría residencial R1, el valor inicial será de $3.506,90. En el caso de comercios y pequeñas y medianas empresas de las categorías SGP1 y SGP2, el monto establecido para la subzona Cordillerano Chubut y Río Negro será de $5.924,10, mientras que los usuarios SGP3 deberán afrontar un cargo de $23.837,82. Los grandes consumidores tendrán importes superiores, determinados de acuerdo con su clasificación tarifaria.

El organismo regulador aclaró que estos valores no serán necesariamente permanentes, ya que podrán modificarse según la evolución de las tasas de interés, los resultados de las auditorías de las obras y la incorporación de nuevos usuarios al sistema.

Uno de los aspectos centrales de la resolución es la diferencia entre el capital originalmente financiado y el monto total previsto para su devolución.

Los préstamos otorgados por las entidades bancarias provinciales alcanzaron inicialmente los $24.800 millones, distribuidos en partes iguales. Posteriormente, ambas entidades autorizaron una ampliación de $500 millones cada una, lo que elevó el capital financiado a $25.800 millones.

Sin embargo, la proyección financiera oficial establece una necesidad total de $56.493 millones para cancelar las obligaciones. Esa cifra contempla el capital prestado, intereses acumulados durante el período de gracia, intereses correspondientes a la devolución, impuestos y gastos asociados al fideicomiso encargado de administrar los fondos.

La estructura financiera establece una tasa variable vinculada a la BADLAR más 3,5 puntos porcentuales nominales anuales y un esquema de amortización de 48 cuotas mensuales. La proyección utilizada por el organismo contempla una posible cancelación anticipada de las obligaciones en agosto de 2030.

La resolución distingue expresamente que los $56.493 millones no representan el costo físico de las obras, sino el monto total estimado para atender el financiamiento y sus gastos asociados. El costo definitivo de las instalaciones quedará sujeto a una auditoría económica y financiera de cierre.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, los cargos permitirán una recaudación mensual cercana a los $1.240 millones, que será destinada al mecanismo de garantía y devolución de los créditos.

Durante la consulta pública, la Defensoría del Pueblo de Río Negro presentó observaciones sobre el procedimiento y sus posibles consecuencias para los usuarios. El organismo consideró que, por la magnitud de la medida, hubiera resultado conveniente realizar una audiencia pública y solicitó mayores mecanismos de información para las localidades con dificultades de conectividad.

También planteó la necesidad de evaluar el impacto económico sobre los hogares y garantizar criterios de razonabilidad, gradualidad y previsibilidad en la aplicación de los cargos.

Por su parte, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Martín de los Andes solicitó precisiones sobre la estructura financiera, la distribución de los costos y los mecanismos destinados a evitar que las inversiones fueran reconocidas nuevamente mediante otros componentes tarifarios.

El ENReGE respondió a las presentaciones y ratificó la implementación del mecanismo, aunque estableció obligaciones de seguimiento y transparencia. Camuzzi deberá publicar y actualizar cada dos meses información sobre los importes recaudados, la deuda pendiente, los intereses devengados, las nuevas conexiones y la fecha proyectada de cancelación de los préstamos.

La resolución también establece que las instalaciones financiadas mediante este esquema deberán incorporarse a la contabilidad de la distribuidora a valor cero, evitando que generen rentabilidad adicional para la empresa.

La repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico constituye una intervención destinada a mejorar el abastecimiento de gas natural en una región donde las limitaciones de infraestructura restringieron durante años la incorporación de nuevos usuarios.

Con las obras avanzadas y el nuevo mecanismo de recupero aprobado, el proceso ingresa ahora en una etapa centrada en la devolución de los recursos utilizados para completar las instalaciones. Para los usuarios alcanzados, esto implicará afrontar un cargo adicional en sus facturas, cuya evolución dependerá del cumplimiento del cronograma financiero y de las revisiones que realice el organismo regulador.