La Legislatura sancionó la ley que regula la concesión de uso hídrico a las operadoras de Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila. La norma fija una retribución del 1% sobre la facturación por ventas al Mercado Eléctrico Mayorista y abre una nueva discusión sobre la participación rionegrina en la renta de sus recursos naturales.
La Legislatura de Río Negro sancionó este jueves la ley que regula el canon hidroeléctrico por el uso del agua en las represas del río Limay, una decisión que el oficialismo presentó como un paso histórico para que la provincia empiece a participar de la renta generada por sus propios recursos hídricos.
La norma fue aprobada por mayoría y alcanza a las sociedades operadoras de Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila. El texto establece una concesión de uso del recurso hídrico de dominio provincial y fija una retribución equivalente al 1% del monto facturado por las ventas realizadas al Mercado Eléctrico Mayorista. La Secretaría de Estado de Ambiente y Energía será la autoridad de control y fiscalización de esos ingresos.
El punto central de la discusión es que la provincia no está otorgando ni modificando la concesión hidroeléctrica nacional de las represas, sino regulando el cobro por el uso del agua, un recurso que pertenece al dominio originario provincial. Esa distinción fue remarcada durante el debate legislativo para diferenciar la jurisdicción nacional sobre las centrales de generación de la potestad provincial sobre el recurso hídrico.
La legisladora Lorena Yensen, miembro informante del oficialismo, defendió el proyecto al señalar que se trata de una medida de justicia histórica y federal. Según explicó, el nuevo esquema permitirá actualizar la forma en que Río Negro participa de los ingresos derivados de la generación hidroeléctrica y podría elevar la recaudación provincial hasta unos 40 millones de dólares anuales.
Uno de los aspectos más relevantes de la ley es que habilita la posibilidad de cobrar el canon en especie. Esto podría permitir que EDHIPSA, la empresa provincial de energía, comercialice energía física en el mercado eléctrico. Para el gobierno provincial, ese mecanismo abre una oportunidad estratégica: transformar parte de la renta hidroeléctrica en una herramienta de política energética propia.
El tema ya venía siendo seguido de cerca por Energía 360. En una entrevista realizada días atrás, el secretario de Energía Eléctrica de Río Negro, Santiago Yanoti, ex subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación y uno de los funcionarios que trabaja sobre el futuro de las represas hidroeléctricas y el nuevo esquema de concesiones del Comahue, había planteado la importancia de que la provincia tenga una participación más activa en la discusión por el uso de sus recursos hídricos.
En esa línea, la sanción de la ley no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una estrategia provincial más amplia: ordenar el cobro por el uso del agua, fortalecer el rol de Río Negro en la gestión de sus recursos naturales y avanzar hacia una mayor participación en la renta que generan las centrales hidroeléctricas ubicadas sobre el río Limay.
Los fondos que ingresen por este concepto conformarán un fondo hidráulico destinado a financiar obras vinculadas al mantenimiento, acueductos, saneamiento y servicios hídricos en distintas localidades. Desde el oficialismo remarcaron que el objetivo es evitar un uso discrecional de los recursos y garantizar que la renta generada por el agua vuelva al territorio en obras concretas.
El presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, defendió la iniciativa y sostuvo que por primera vez la provincia tendrá un canon específico por el uso del agua en las represas hidroeléctricas. También aclaró que la ley no avanza sobre las concesiones nacionales, sino sobre la retribución económica que corresponde por la utilización del recurso hídrico rionegrino.
El proyecto recibió acompañamiento de distintos sectores legislativos. Lorena Matzen, de la UCR, consideró que la norma permite que Río Negro deje de ser espectadora y empiece a discutir de manera más activa el aprovechamiento de sus recursos. Javier Acevedo, de la Coalición Cívica ARI, también respaldó la medida al señalar que representa un avance en defensa de los bienes naturales de la provincia.
Sin embargo, el debate también expuso fuertes cuestionamientos. Desde Vamos con Todos, Magdalena Odarda rechazó la iniciativa y planteó que la discusión llega tarde, luego del avance nacional sobre la reprivatización de las represas. También advirtió que el agua debe ser considerada un derecho humano y no solo una variable económica, especialmente en un contexto de emergencia hídrica y tensiones por el uso del recurso.
Luciano Delgado Sempé, del mismo bloque, cuestionó el porcentaje fijado para el canon y recordó que la legislación provincial permitía exigir una retribución mayor. Además, advirtió sobre la redacción del artículo central de la norma, al considerar que limitar la base de cálculo a las ventas al Mercado Eléctrico Mayorista podría dejar afuera futuros contratos bilaterales o nuevas formas de comercialización de energía.
También hubo planteos sobre el destino de los fondos. José Luis Berros propuso incorporar un porcentaje específico para los municipios, mientras que legisladores del PJ-Nuevo Encuentro acompañaron el reclamo federal, aunque marcaron objeciones técnicas sobre la necesidad de asegurar que la provincia cobre sobre toda la comercialización vinculada a la generación hidroeléctrica.
La discusión incluyó además la preocupación de entidades productivas, federaciones empresarias, productores frutícolas y consorcios de riego, que pidieron precisión en la redacción para evitar que eventuales cambios en el mercado eléctrico reduzcan la capacidad de cobro provincial.
La sanción de esta ley se da en un momento clave para la provincia. Mientras Río Negro se posiciona en el mapa nacional por el desarrollo de oleoductos, gasoductos, proyectos de GNL, minería e infraestructura exportadora, el debate por el canon hidroeléctrico vuelve a poner en agenda una pregunta de fondo: cómo participa el territorio de la riqueza que se genera a partir de sus recursos naturales.
El Limay no solo produce energía para el sistema eléctrico argentino. También representa agua, historia, territorio, pueblos relocalizados, producción, riego, ambiente y soberanía provincial. Por eso, más allá de la sanción legislativa, el desafío será que este nuevo ingreso se transforme en obras, planificación hídrica, desarrollo local y una política energética que fortalezca el rol de Río Negro en la transición productiva que atraviesa el país.
La ley marca un punto de partida en una discusión que Energía 360 viene siguiendo de cerca: el futuro de las represas del Comahue, el rol de Río Negro en el nuevo esquema de concesiones y la necesidad de que la renta generada por los recursos naturales tenga impacto concreto en el territorio.
Ahora vendrá la etapa más importante: la implementación, el control efectivo sobre las operadoras, la transparencia en el destino de los fondos y la capacidad de la provincia para convertir el canon hidroeléctrico en una herramienta real de desarrollo.
