La Secretaría de Energía de la Nación anunció que las licenciatarias de distribución y transporte de gas natural y energía eléctrica se comprometieron a invertir más de USD 5.900 millones entre 2025-2030 para mejorar el servicio y reducir los cortes en todo el país.
El acuerdo forma parte de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) en donde las compañías (Edesur, Edenor, Metrogas, Camuzzi, Naturgy, TGS, TGN, entre otras) comprometieron desembolsos a cambio de los incrementos en sus tarifas que habilitó Energía.
El Gobierno publicó el mes pasado el saldo de la revisión tarifaria, en la que definió cómo serán los aumentos que recibirán los usuarios de electricidad y de gas natural para los próximos cinco años, con los que buscan que las empresas del sector vuelvan a ser “sujetos de crédito” e inviertan en mejoras para la red. Desde junio habrá un nuevo esquema de actualización mensual de las facturas en base a la inflación.
El Gobierno había habilitado el año pasado fuertes incrementos en las tarifas, a partir de una mayor remuneración de las empresas, compensando parte del congelamiento de precios impulsado durante la gestión de Alberto Fernández, y recortando subsidios. El “atraso” remanente de cada empresa será compensado de manera cuotificada.
“Esta recomposición se hará en forma gradual, con un aumento inicial del 3% en mayo correspondiente al componente Transporte y Distribución. A partir de junio, se aplicará un esquema gradual en 30 cuotas mensuales y consecutivas. Las resoluciones del ENRE prevén incorporar una fórmula automática de actualización, que contempla al IPIM y al IPC, para preservar así el valor real de las tarifas”, explicó Energía.
La RQT será el marco técnico para las futuras actualizaciones mensuales. Mientras tanto, el Gobierno Nacional definirá antes de fin de año un nuevo esquema de subsidios para las tarifas de electricidad y gas natural, con el objetivo de acelerar el recorte del gasto público. La intención es reemplazar la actual segmentación por ingresos en tres niveles por una única asistencia destinada exclusivamente a hogares vulnerables, según surge del acuerdo con el FMI.
