El expediente analiza las emanaciones descontroladas de gases y fluidos detectadas en un antiguo pozo petrolero del área Lomas de Olmedo. La fiscal María Sofía Fuentes continuará al frente de la causa, que busca determinar cómo se originó la pérdida, medir el daño ambiental e identificar eventuales responsabilidades.

La Justicia salteña ratificó la continuidad de la investigación penal por las emanaciones de gases y fluidos registradas en el pozo petrolero LO-X10, ubicado en el área Lomas de Olmedo, en el norte de la provincia de Salta.

A través de tres resoluciones, el Juzgado de Garantías rechazó distintos planteos formulados por la defensa de uno de los imputados y confirmó que la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, seguirá al frente de la causa.

La decisión judicial no resuelve todavía la responsabilidad por el episodio ambiental, pero permite que la Unidad Fiscal continúe reuniendo pruebas para determinar qué provocó la surgencia, en qué condiciones fue explotado y abandonado el pozo y si existieron incumplimientos por parte de alguna de las empresas que intervinieron en el área a lo largo de su historia operativa.

El caso se originó luego de que en 2023 se detectaran emanaciones descontroladas de gases y fluidos en la locación LO-X10. A partir de ese momento, la Fiscalía incorporó documentación técnica, antecedentes administrativos, informes de organismos especializados y pericias destinadas a reconstruir las características constructivas y las distintas intervenciones realizadas sobre el pozo.

El pozo se encuentra en el área Lomas de Olmedo, vinculada a la localidad de Pichanal, en el departamento salteño de Orán. La situación también generó la intervención de la Legislatura provincial, que en mayo de 2025 manifestó su preocupación por los derrames de hidrocarburos y las emisiones de gases y solicitó medidas para evaluar el impacto ambiental, proteger a las comunidades cercanas y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de recomposición.

Debido a la complejidad técnica y ambiental del expediente, el procurador general de Salta, Pedro García Castiella, conformó una Unidad Fiscal e incorporó a la fiscal civil de Orán, Marcela de los Ángeles Fernández, para abordar los aspectos vinculados con una eventual reparación socioambiental.

También se sumaron especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, entre ellos el ingeniero en Recursos Naturales Joel Medina y la geóloga Melina Celedon, encargados de participar en las medidas técnicas y forenses necesarias para establecer las características y consecuencias del incidente.

Uno de los informes incorporados al expediente fue elaborado por profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. El estudio analiza los procesos que habrían provocado las emanaciones descontroladas y señala la existencia de consecuencias graves sobre el ecosistema observadas en superficie, aunque la investigación judicial todavía debe determinar su alcance, cuantificación y responsables.

President Petroleum S.A, empresa que operó el área, presentó por su parte un informe técnico elaborado por el ingeniero en petróleo Miguel Ángel Basile. Según esa evaluación, la surgencia podría estar relacionada con un abandono deficiente del pozo y con procesos de corrosión o roturas producidos por el paso del tiempo.

Esta explicación no cierra el análisis técnico, sino que integra las distintas hipótesis consideradas dentro del expediente. La investigación deberá reconstruir qué empresas participaron en la perforación, explotación, intervención y abandono del pozo, y qué obligaciones correspondían a cada una en las diferentes etapas.

En el plano procesal, la defensa de uno de los imputados había solicitado apartar a la fiscal Fuentes al considerar que existía una supuesta falta de objetividad en la conducción de la causa.

El Juzgado de Garantías rechazó la recusación porque entendió que no se acreditó ninguna causal legal para desplazarla. El magistrado sostuvo que las diferencias de criterio sobre las decisiones o la estrategia de la investigación no representan por sí solas una prueba de parcialidad.

La resolución también remarcó que la fiscal actuó dentro de las facultades previstas por el Código Procesal Penal y que la defensa contó con asistencia técnica y posibilidades de ejercer sus derechos durante el procedimiento.

Además, el juez declaró abstracto un planteo de nulidad contra una ampliación de la imputación, debido a que esa cuestión ya se encontraba bajo revisión por la vía recursiva correspondiente.

Con estas decisiones, la causa continuará en etapa de producción y análisis de pruebas. Los investigadores deberán establecer el origen concreto de la pérdida, determinar si hubo deficiencias en el abandono o mantenimiento del pozo, medir el daño provocado y calcular el costo de una eventual recomposición ambiental.

El expediente también deberá precisar las responsabilidades individuales y empresariales que pudieran corresponder. Por el momento, las resoluciones judiciales no implican una condena ni una definición sobre la autoría del daño investigado, sino la ratificación de la fiscal y la continuidad del proceso.

El caso del LO-X10 vuelve a poner en primer plano uno de los principales desafíos de las cuencas hidrocarburíferas maduras: el control de los pozos inactivos o abandonados, la trazabilidad de las responsabilidades entre sucesivos operadores y la disponibilidad de garantías económicas suficientes para responder ante incidentes ambientales.

En estos yacimientos, el final de la producción no elimina las obligaciones técnicas. Un abandono incorrecto, el deterioro de las cañerías o la pérdida de integridad de las barreras internas pueden permitir el desplazamiento de gases, agua de formación o hidrocarburos hacia la superficie.

Por eso, además de esclarecer las responsabilidades penales, el expediente de Lomas de Olmedo será relevante para definir cómo se ejecutará la remediación y quién deberá afrontar los trabajos y costos necesarios para controlar definitivamente el pozo y reparar los sectores afectados.

Fuentes consultadas por Energía 360: Ministerio Público Fiscal de Salta, El Tribuno de Salta y Cámara de Senadores de la Provincia de Salta.