La Secretaría de Energía estableció nuevos valores para el biodiesel y el bioetanol destinados a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles. El bioetanol aumentó 1,00% respecto de agosto y el biodiesel, cerca de 0,58%. La actualización llega mientras el Congreso analiza una nueva ley que propone modificar la forma en que se determinan los precios y ampliar la competencia en el mercado.

El mercado argentino de biocombustibles comienza septiembre bajo las reglas conocidas, aunque el Congreso discute cambiar buena parte de ellas.

La Secretaría de Energía publicó este martes en el Boletín Oficial los nuevos precios que deberán utilizarse para las operaciones de biodiesel y bioetanol destinados a integrar la mezcla obligatoria con gasoil y naftas.

A través de las resoluciones 219/2026 y 220/2026, el Gobierno fijó en $2.012.598 por tonelada el precio del biodiesel destinado a la mezcla con gasoil.

Para el bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar estableció un precio mínimo de $1.072,497 por litro, mientras que para el producido a base de maíz determinó un mínimo de $982,976 por litro.

Los valores regirán durante septiembre y hasta que la Secretaría de Energía publique una nueva actualización.

Frente a agosto, los movimientos son moderados. El bioetanol de caña había sido fijado en $1.061,878 por litro y el de maíz en $973,244. En ambos casos, la actualización de septiembre representa un incremento del 1,00%.

Para el biodiesel, el precio pasa de $2.001.063 a $2.012.598 por tonelada, una variación cercana al 0,58%.

También se mantienen diferencias en las condiciones comerciales. Para el biodiesel, el plazo máximo de pago será de siete días corridos desde la fecha de la factura. En el caso del bioetanol, podrá extenderse hasta 30 días.

Pero el aspecto más relevante de las resoluciones publicadas este martes no está solamente en los nuevos números.

La actualización se produce mientras en el Senado se discute un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles que podría modificar precisamente uno de los pilares del sistema que el Gobierno acaba de utilizar: la intervención estatal en la determinación de los precios de la mezcla obligatoria.

Actualmente rige la Ley 27.640. Bajo ese marco, la Secretaría de Energía tiene facultades para determinar y publicar los precios a los cuales deben comercializarse los biocombustibles destinados a cumplir con los cortes obligatorios.

Eso explica por qué todos los meses el Gobierno publica resoluciones estableciendo cuánto deberán pagar las compañías mezcladoras por el biodiesel y el bioetanol que incorporan al gasoil y a las naftas.

En el caso del bioetanol, la resolución de septiembre incluso señala que la Secretaría puede apartarse excepcionalmente de la metodología de cálculo cuando detecta desfasajes respecto de los costos reales o cuando el resultado pueda provocar distorsiones sobre el precio del combustible fósil en el surtidor.

Es decir, el sistema actual le concede al Estado una intervención directa sobre una variable central del negocio.

El modelo que se discute en el Senado

Ese esquema podría cambiar si prospera el nuevo marco regulatorio que analiza el Senado.

Entre las iniciativas en tratamiento aparece el proyecto S-809/26, impulsado por Patricia Bullrich y otros senadores, que propone avanzar hacia un mercado con mayor competencia entre productores y empresas mezcladoras.

Uno de sus cambios centrales pasa precisamente por la formación de precios.

La iniciativa plantea que los volúmenes destinados al cumplimiento de los cortes obligatorios puedan negociarse entre elaboradores y mezcladores y contempla también contratos a término de libre negociación entre las partes.

En ese esquema, la paridad de importación pasa a funcionar como referencia para los precios ofertados, en lugar del actual mecanismo mediante el cual la Secretaría de Energía determina periódicamente los valores de adquisición.

No significa que desaparezca toda regulación. Seguirían existiendo obligaciones de mezcla, una autoridad de aplicación y reglas para el funcionamiento del mercado. Lo que cambia es el grado de intervención del Estado en la determinación del precio.

Por eso, las resoluciones publicadas este martes permiten observar con claridad las diferencias entre ambos modelos.

Hoy el Gobierno puede publicar en el Boletín Oficial que una tonelada de biodiesel deberá comercializarse a $2.012.598 para integrar la mezcla obligatoria.

Con el modelo que se debate en el Congreso, la intención es que esa relación comercial tenga una mayor participación de la negociación entre productores y mezcladores, dentro de las condiciones y referencias establecidas por la futura ley.

Una discusión que va más allá del precio

La reforma tampoco se limita al valor de comercialización.

El Senado analiza distintas propuestas para modificar los porcentajes obligatorios de biocombustibles que deben contener las naftas y el gasoil, introducir mayores niveles de competencia y redefinir la participación de las empresas dentro del mercado.

Ese punto abrió diferencias dentro de la propia industria.

Mientras sectores vinculados a las grandes productoras y exportadoras reclaman mayor competencia y una apertura del mercado, empresas pequeñas y medianas vienen planteando que una liberalización sin mecanismos de transición podría favorecer a compañías de mayor escala e integración productiva.

También existen diferencias entre provincias productoras respecto de hasta dónde deberían incrementarse los cortes obligatorios de biodiesel y bioetanol.

Detrás de esa discusión hay una variable económica importante: aumentar los cortes significa reemplazar una mayor proporción de combustible fósil por producción de origen agrícola, con impacto sobre la demanda de soja, maíz y caña de azúcar, sobre las plantas industriales y sobre las importaciones de combustibles.

Por eso, el debate que atraviesa el Senado excede ampliamente una discusión entre productores de biocombustibles.

Define cuánto biodiesel y bioetanol utilizará Argentina, quién podrá producirlo para el mercado interno, cómo se repartirán los volúmenes y, especialmente, quién determinará su precio.

Por ahora, nada de eso cambió.

Septiembre comienza bajo la Ley 27.640 y con la Secretaría de Energía nuevamente determinando los valores de compra. El biodiesel quedó en $2,01 millones por tonelada y el bioetanol superó los $1.000 por litro en el caso de la caña de azúcar.

La diferencia es que esta vez la actualización mensual ocurre con una discusión legislativa abierta que podría hacer que, en el futuro, el precio de los biocombustibles deje de salir todos los meses de una resolución del Gobierno y pase a definirse principalmente dentro del propio mercado.