El proyecto enviado por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura propone crear el ERSEC, un organismo multisectorial que concentrará las funciones regulatorias hoy distribuidas entre el EPRE y el DPA. La iniciativa busca integrar capacidades técnicas y jurídicas, unificar criterios de control y simplificar procedimientos, con foco en la protección de los usuarios y en la eficiencia del sistema. El nuevo ente tendrá facultades para resolver reclamos, controlar tarifas, fiscalizar inversiones y garantizar la participación ciudadana.

El gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura un proyecto de ley que propone concentrar en un único organismo la regulación de la electricidad, el agua potable y los desagües cloacales.

La iniciativa reemplaza el esquema actual, en el que las funciones regulatorias se encuentran distribuidas entre el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y el Departamento Provincial de Aguas (DPA).

El cambio ubica a Río Negro dentro de una tendencia moderna de regulación multisectorial, utilizada en distintas jurisdicciones del país y del mundo. La Provincia contará con un organismo especializado, capaz de regular distintos servicios desde una mirada integral y con mayores herramientas para controlar la calidad, las inversiones y el cumplimiento de las obligaciones de los prestadores.

Uno de los principales ejes será la protección de los usuarios. El ERSEC tendrá facultades para resolver reclamos por deficiencias en los servicios o problemas de facturación, controlar tarifas, establecer estándares de calidad, fiscalizar planes de inversión y aplicar sanciones. También deberá promover mecanismos de participación ciudadana, mediante consultas y audiencias públicas, y garantizar mayor acceso a la información.

La nueva estructura permitirá además incorporar en el futuro otros servicios o actividades reguladas, evitando la creación de organismos independientes cada vez que surja una nueva necesidad.

El proyecto preserva los actuales marcos regulatorios de electricidad, agua potable y saneamiento y la continuidad de los contratos vigentes. La transformación se concentra en cómo el Estado regula, controla y protege al usuario: unificando estructuras, aprovechando mejor los recursos públicos y elevando la capacidad técnica del sistema.