El Gobierno abrió una investigación sobre las importaciones de torres eólicas industriales de acero provenientes de China. La Comisión Nacional de Comercio Exterior detectó indicios de operaciones con dumping y una posible amenaza para la producción, el empleo y la capacidad instalada local, aunque todavía no aplicó derechos compensatorios.
El Gobierno nacional abrió una investigación por presunto dumping sobre las importaciones de torres eólicas industriales de acero originarias de China, una decisión que pone bajo análisis la competencia entre los proveedores extranjeros y la industria argentina en uno de los componentes centrales de los parques de generación renovable.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 218/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, publicada este jueves en el Boletín Oficial. El procedimiento se inició a partir de una presentación de GRI Calviño Towers Argentina, que solicitó investigar el ingreso de torres de al menos 50 metros de altura, sus partes y los equipos presentados junto con aerogeneradores.
La apertura de la investigación no implica que ya se hayan aplicado aranceles adicionales ni que exista una sanción definitiva contra los productos chinos. Es el comienzo de un proceso técnico y administrativo durante el cual las autoridades deberán comprobar si las exportaciones ingresaron efectivamente a precios de dumping y si esas condiciones representan una amenaza concreta para la rama de producción nacional.
En comercio internacional, se considera que existe dumping cuando un producto es exportado a un precio inferior a su valor normal de referencia, generalmente determinado a partir de los precios vigentes en el mercado de origen. Esta práctica puede reducir el costo de importación, pero también alterar las condiciones de competencia si desplaza a fabricantes locales que no pueden igualar esos valores.
En esta instancia preliminar, la Comisión Nacional de Comercio Exterior calculó un margen de dumping promedio ponderado del 46,39% para las exportaciones de torres eólicas procedentes de China. El organismo utilizó información sobre precios del mercado interno chino y una cotización de exportación incorporada al expediente con carácter confidencial.
El análisis oficial distinguió entre la existencia de un daño actual y la posibilidad de que ese daño se produzca en el corto plazo. La Comisión concluyó que todavía no existen elementos suficientes para afirmar que la industria nacional haya sufrido un perjuicio importante durante el período estudiado.
Las importaciones chinas pasaron de no registrar operaciones a adquirir presencia en el mercado argentino, pero su participación se mantuvo relativamente limitada. Según la resolución, representaron el 10% del mercado nacional en 2024 y descendieron al 2% durante 2025. Al mismo tiempo, la producción local logró recuperar participación y algunos indicadores de volumen mostraron una mejora.
Sin embargo, la Comisión consideró que existen indicios suficientes de una amenaza de daño. Uno de los puntos centrales es que el mercado de torres eólicas funciona mediante licitaciones privadas y contratos vinculados con proyectos específicos, donde el precio suele ser una variable determinante para definir al proveedor.
Entre la adjudicación de las torres y su ingreso efectivo al país puede existir un desfase de entre seis y nueve meses. Por esa razón, las estadísticas aduaneras no siempre reflejan de inmediato el resultado de las licitaciones ya resueltas. La empresa denunciante informó que habría proyectos adjudicados a proveedores chinos cuyas importaciones podrían concretarse durante 2026. Ese punto deberá ser verificado durante la investigación.
La resolución también señala que la capacidad instalada de la industria argentina sería suficiente para cubrir la totalidad del consumo aparente del mercado local. Desde esa perspectiva, el ingreso de torres extranjeras no respondería necesariamente a una falta de oferta nacional, sino a una competencia directa por los contratos de los nuevos parques eólicos.
El dato que encendió la principal señal de alerta está relacionado con los precios. Durante 2025, las torres provenientes de China ingresaron con valores nacionalizados entre un 31% y un 38% inferiores a los de los modelos argentinos utilizados para la comparación. Frente al ingreso medio por ventas de la industria nacional, la diferencia alcanzó el 35%.
En una actividad basada en licitaciones, esa brecha puede resultar decisiva. Un proveedor que presenta una oferta sensiblemente más baja tiene mayores posibilidades de quedarse con un proyecto, aun cuando exista capacidad de fabricación disponible dentro del país.
La Comisión advirtió que, si esta dinámica se profundiza, podría afectar los volúmenes de producción local, el uso de la capacidad instalada y los niveles de empleo. También mencionó la paralización de la planta de la empresa que impulsó la denuncia, aunque aclaró que todavía deberá determinarse si esa situación está directamente relacionada con las importaciones investigadas.
La discusión tiene una particularidad: las torres representan un componente de gran peso dentro de la estructura de costos de un parque eólico, pero al mismo tiempo forman parte de una cadena industrial con capacidad para generar empleo, actividad metalúrgica y demanda de servicios asociados.
Aplicar medidas antidumping podría mejorar las condiciones competitivas de los fabricantes argentinos, pero también podría encarecer la provisión de equipos para nuevos proyectos renovables. Por eso, la investigación deberá analizar no solo la situación de la industria nacional, sino también los posibles efectos sobre las inversiones energéticas y la expansión de la generación eólica.
La propia Comisión destacó el carácter estratégico de las torres, a las que definió como bienes de capital pesados y desarrollados a medida para una infraestructura crítica del sistema eléctrico. También anticipó que evaluará la incidencia de regímenes de promoción de grandes inversiones y solicitará información a otros organismos con competencia en el mercado energético.
El período que se utilizará para calcular el margen de dumping comprende desde marzo de 2025 hasta febrero de 2026. Para determinar la existencia de daño o amenaza de daño se analizarán los años completos de 2023, 2024 y 2025, además de enero y febrero de 2026.
Las empresas, importadores, productores y demás partes interesadas tendrán un plazo de 30 días desde la publicación de la resolución para presentar cuestionarios, documentación y pruebas ante la Comisión Nacional de Comercio Exterior.
A partir de esa información, el Gobierno podrá continuar la investigación, aplicar eventualmente una medida provisional o avanzar hacia una determinación final. Si se comprueba la existencia de dumping, daño o amenaza y una relación causal entre ambos factores, podrían establecerse derechos antidumping sobre las importaciones investigadas.
Por el momento, las torres eólicas chinas podrán continuar ingresando sin una penalidad adicional derivada de este expediente. La apertura del proceso, sin embargo, instala una discusión de fondo para el sector: cómo combinar precios competitivos para acelerar las inversiones renovables con el sostenimiento de una industria nacional capaz de fabricar componentes estratégicos, mantener empleo especializado y participar en el desarrollo de la infraestructura energética.
