La Legislatura aprobó este jueves en Viedma la adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones. La norma apunta a simplificar trámites para empresas ya admitidas en el esquema nacional y fortalecer el entramado productivo local en un momento clave para la energía, la minería, la infraestructura y las economías regionales.

La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves, en sesión realizada en Viedma, la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta de promoción fiscal destinada a impulsar proyectos productivos de micro, pequeñas y medianas empresas.

La iniciativa establece un procedimiento simplificado para que las empresas que ya hayan sido incorporadas al régimen nacional puedan acceder también al Régimen de Promoción Económica e Industrial de Río Negro, sin tener que repetir trámites ni presentar documentación que ya fue verificada por organismos nacionales.

En términos prácticos, la adhesión busca reducir burocracia, acortar plazos administrativos y facilitar el camino para nuevas inversiones productivas en territorio rionegrino. Para la provincia, el punto central es que el beneficio no se limita a grandes proyectos, sino que apunta a fortalecer a las empresas que pueden integrarse a las cadenas de valor que hoy se están expandiendo alrededor de la energía, la minería, el Oil & Gas, la infraestructura, la fruticultura, la ganadería, la pesca, el turismo y otras actividades regionales.

Durante el debate legislativo, la miembro informante del proyecto, Soraya Yauhar, del bloque Juntos Somos Río Negro, explicó que el RIMI está orientado a promover inversiones, mejorar la competitividad, incrementar exportaciones y generar empleo. También remarcó que varios de los requisitos exigidos por el régimen nacional coinciden con los previstos en la normativa provincial, por lo que la adhesión permitirá evitar duplicaciones y simplificar el acceso de las empresas interesadas.

El acompañamiento legislativo fue amplio. Desde distintos bloques se destacó que la norma puede aportar previsibilidad, seguridad jurídica y reglas más claras para el sector privado, sin que eso implique una cesión automática de facultades provinciales. En ese punto, legisladores oficialistas y opositores coincidieron en que la provincia conserva sus atribuciones de control y fiscalización sobre los proyectos que busquen acceder a los beneficios.

Ariel Bernatene, de la UCR, sostuvo que se trata de una herramienta moderna y necesaria para fortalecer la inversión productiva y generar empleo. En una línea similar, César Domínguez planteó que el régimen brinda previsibilidad económica y estabilidad fiscal para quienes decidan invertir en la provincia.

Desde Primero Río Negro, Yolanda Mansilla destacó que la adhesión facilitará el acceso de pequeñas y medianas empresas a los beneficios ya contemplados en la Ley Provincial 5766, utilizando la certificación nacional MiPyME como una vía para agilizar los trámites. También Fernando Furgoni, de la Coalición Cívica ARI-Cambiemos, y Juan Murillo, del PRO Unión Republicana, respaldaron el proyecto al considerar que contribuye a reducir obstáculos administrativos y a mejorar las condiciones para la inversión privada.

El bloque Vamos con Todos también acompañó la iniciativa, aunque planteó una advertencia: los problemas de las pymes no se resuelven únicamente con incentivos tributarios. Ayelén Spósito señaló la necesidad de avanzar con políticas integrales que contemplen acceso a mercados, costos energéticos y una mayor articulación entre las pequeñas empresas y los grandes proyectos de inversión que se desarrollan en Río Negro. José Luis Berros, en el mismo sentido, consideró que la medida representa una herramienta adicional, aunque no una solución completa para el sector.

Las principales objeciones llegaron desde el bloque PJ-Nuevo Encuentro. Leandro García sostuvo que los regímenes de promoción deben estar vinculados a contraprestaciones concretas en empleo, agregado de valor, desarrollo local y transferencia tecnológica. Daniel Belloso recordó que su bancada propuso modificaciones para incorporar esos criterios de manera expresa en el texto de la ley.

El cierre del debate estuvo a cargo del presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, quien defendió la adhesión al remarcar que el objetivo central es simplificar trámites y facilitar el acceso de las MiPyMEs a beneficios ya previstos por la legislación provincial. Además, ubicó la medida dentro de una estrategia de desarrollo que Río Negro viene impulsando para atraer inversiones, sostener el empleo privado y fortalecer las economías regionales.

La discusión llega en un momento particular para la provincia. Río Negro se proyecta como un territorio estratégico para la transformación productiva argentina, con obras energéticas, oleoductos, gasoductos, proyectos mineros, infraestructura portuaria y nuevas oportunidades asociadas al desarrollo exportador. En ese escenario, la adhesión al RIMI busca que las pymes locales no queden al margen del proceso, sino que puedan integrarse como proveedoras, contratistas, prestadoras de servicios y generadoras de empleo.

El desafío, ahora, será que la herramienta no quede solo en el plano administrativo. Para que tenga impacto real, deberá traducirse en proyectos concretos, mayor participación de empresas rionegrinas, acompañamiento técnico, financiamiento accesible y una articulación efectiva entre el Estado, el sector privado y las cadenas de valor que empiezan a consolidarse en la provincia.

Río Negro vuelve a mover una ficha dentro de su estrategia productiva: facilitar inversiones medianas, abrir camino a las pymes y preparar al entramado local para una etapa en la que la energía, la minería y la infraestructura pueden convertirse en motores decisivos del desarrollo provincial.