Londres presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar los testimonios de los principales ejecutivos de las compañías responsables del desarrollo offshore. La estrategia busca demostrar que no existe urgencia para suspender las operaciones, como solicita la Argentina. El proyecto prevé iniciar las perforaciones en 2027 y comenzar a producir petróleo en 2028.

La controversia internacional por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo judicial. El Reino Unido incorporó declaraciones de los máximos responsables de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration a su defensa ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, en un intento por evitar que prosperen las medidas provisionales solicitadas por la Argentina para detener el desarrollo petrolero Sea Lion.

La documentación presentada por Londres el 2 de noviembre incluye los testimonios escritos de Ian Ramsay, director ejecutivo de Navitas Petroleum Development and Production; Samuel Moody, CEO de Rockhopper Exploration; y Jack Ford, presidente de la Asamblea Legislativa de las islas.

La presentación fue incorporada al expediente número 37 del Tribunal y constituye una parte de la estrategia británica para cuestionar dos aspectos centrales del planteo argentino: la urgencia de adoptar medidas preventivas y la existencia de un riesgo de daño irreparable derivado del avance de las operaciones petroleras.

El movimiento coloca a las empresas operadoras en el centro del debate jurídico, en momentos en que el proyecto transita una etapa decisiva de contratación, financiamiento y preparación de las actividades que permitirían comenzar a extraer petróleo durante 2028.

La defensa británica busca demostrar que no existe urgencia

El argumento central del Reino Unido es que no se encuentran reunidas las condiciones jurídicas necesarias para que el Tribunal disponga medidas provisionales antes de que se constituya el tribunal arbitral encargado de resolver la controversia.

Para sostener esa posición, Londres incorporó información proporcionada por los responsables empresariales del proyecto, especialmente sobre su estado de avance y los plazos previstos para las próximas operaciones.

La diferencia entre ambas posturas está directamente relacionada con el calendario de Sea Lion.

Mientras el Gobierno británico considera que la Argentina no ha demostrado suficientemente la existencia de una situación urgente que justifique suspender las actividades, la representación argentina sostiene que las perforaciones previstas para comienzos de 2027 representan una amenaza concreta para los derechos que reclama sobre los recursos naturales de la plataforma continental.

El planteo argentino también advierte que las intervenciones sobre el lecho y el subsuelo marino podrían provocar modificaciones físicas imposibles de revertir mediante una compensación económica posterior.

De esta manera, el cronograma de inversiones y perforaciones elaborado por las propias compañías se convirtió en uno de los principales elementos de discusión ante los jueces internacionales.

Sea Lion avanza con inversiones millonarias y producción prevista para 2028

El proyecto Sea Lion se encuentra ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y es desarrollado por Navitas Petroleum, que controla el 65% de la participación, junto con Rockhopper Exploration, propietaria del 35% restante.

Las compañías adoptaron la decisión final de inversión el 10 de diciembre de 2025, habilitando una primera etapa de desarrollo que contempla la perforación de 23 pozos, entre productores de petróleo e inyectores de agua y gas.

La infraestructura proyectada incluye instalaciones submarinas y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), denominada Aoka Mizu, con una capacidad prevista de procesamiento de 55.000 barriles diarios.

La embarcación fue trasladada al sudeste asiático para realizar trabajos de reacondicionamiento antes de su incorporación al proyecto.

Según los cronogramas informados por las operadoras, las perforaciones comenzarían a principios de 2027, mientras que el inicio de la producción comercial está previsto para el primer trimestre de 2028.

El desarrollo también contempla futuras expansiones mediante nuevas instalaciones y pozos, con el objetivo de aumentar progresivamente la capacidad de producción.

Para las compañías, el cumplimiento de esos plazos resulta determinante para sostener los compromisos asumidos con inversores, contratistas y proveedores internacionales.

Rockhopper reforzó su financiamiento para sostener el desarrollo

En paralelo con el proceso judicial, Rockhopper Exploration avanzó en el fortalecimiento de su estructura financiera.

La empresa informó una captación de aproximadamente 200 millones de dólares mediante una colocación de acciones y una oferta complementaria, destinada a respaldar sus compromisos de inversión en Sea Lion.

Además, comprometió 44 millones de dólares para participar con el 35% en una segunda unidad flotante de producción, identificada como OSX-1, que formaría parte de una futura ampliación del emprendimiento.

Los planes empresariales contemplan incrementar la capacidad conjunta de procesamiento hasta aproximadamente 180.000 barriles diarios hacia el final de la década, sujeto a la concreción de las nuevas inversiones y etapas de desarrollo.

La magnitud de estos compromisos permite dimensionar el impacto potencial que podría tener una resolución internacional que ordene limitar o suspender determinadas actividades.

Aunque el procedimiento ante el Tribunal enfrenta formalmente a la Argentina y al Reino Unido, sus consecuencias podrían alcanzar directamente a las operadoras, los contratistas y las entidades financieras vinculadas al proyecto.

El conflicto también alcanza a la cadena de proveedores

Las acciones impulsadas desde la Argentina no se limitan a cuestionar las autorizaciones británicas para explotar hidrocarburos en el área.

El frente judicial y administrativo también involucra a empresas y personas relacionadas con la provisión de servicios, equipamiento y financiamiento para las operaciones.

En octubre, Rockhopper comunicó que Navitas había iniciado el reemplazo de dos contratistas que incumplieron sus obligaciones contractuales. Sin embargo, la compañía sostuvo que no esperaba consecuencias adversas significativas sobre el desarrollo general del proyecto.

Este escenario muestra una dimensión adicional de la controversia: las dificultades que pueden enfrentar los proveedores internacionales ante la existencia de procedimientos judiciales y administrativos vinculados con actividades hidrocarburíferas en espacios marítimos en disputa.

En septiembre, tal como informó Energía 360, el Juzgado Federal de Río Grande había dictado una medida cautelar contra Navitas y Rockhopper para impedir determinados trabajos relacionados con Sea Lion, entre ellos perforaciones, instalaciones submarinas y operaciones vinculadas con la infraestructura de producción.

Aquel pronunciamiento, de carácter preventivo, no resolvió el fondo de la controversia y su ejecución internacional presenta dificultades jurídicas.

El procedimiento ante el Tribunal del Mar representa una instancia diferente porque involucra directamente a los Estados argentino y británico y se desarrolla bajo las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El Tribunal terminó las audiencias y prevé resolver el 28 de noviembre

Las audiencias públicas se desarrollaron durante ayer y hoy 11 de noviembre en Hamburgo, con la participación de las delegaciones de ambos países.

Finalizadas las exposiciones, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar confirmó que iniciará las deliberaciones y estableció tentativamente el sábado 28 de noviembre de 2026 como fecha para comunicar su decisión sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina.

La resolución deberá determinar si corresponde imponer obligaciones preventivas al Reino Unido mientras se constituye el tribunal arbitral que examinará el fondo de la controversia.

Una decisión favorable al planteo argentino podría condicionar la continuidad de determinadas actividades vinculadas con Sea Lion. En cambio, un rechazo permitiría que el proyecto continúe sin las restricciones preventivas reclamadas en esta instancia, aunque no implicaría una resolución definitiva sobre los derechos en discusión.

El pronunciamiento tampoco resolverá la cuestión de soberanía sobre las Islas Malvinas, sino que estará limitado a evaluar la procedencia de las medidas solicitadas en el marco de la controversia por la explotación de hidrocarburos.

La incorporación de los testimonios de los máximos ejecutivos de Navitas y Rockhopper refleja la importancia que adquirió la dimensión empresarial y financiera dentro del proceso internacional.

Con inversiones comprometidas, infraestructura en preparación y un cronograma que apunta a comenzar las perforaciones en 2027, Sea Lion enfrenta una decisión judicial que podría condicionar su desarrollo en el Atlántico Sur.

Mientras las compañías mantienen sus objetivos productivos, la Argentina y el Reino Unido aguardan un pronunciamiento que determinará si las actividades pueden continuar sin restricciones adicionales durante la tramitación del arbitraje internacional.