La iniciativa respaldada por el Gobierno nacional propone reemplazar gradualmente el sistema de cupos y valores regulados por un mercado con mayor competencia. El precio de referencia estaría vinculado con la paridad de importación, mientras que los cortes de biodiésel y bioetanol aumentarían a partir del primer año.

El Senado de la Nación comenzó a discutir una reforma integral del régimen de biocombustibles que podría modificar la forma en que se producen, comercializan y fijan los precios del biodiésel y el bioetanol en la Argentina.

La propuesta impulsada por el oficialismo plantea avanzar hacia una apertura gradual del mercado, elevar los porcentajes obligatorios de mezcla con combustibles fósiles y reducir la intervención directa del Estado en la asignación de cupos y en la determinación de los valores de comercialización.

El debate se desarrolla en un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, que durante junio realizaron dos reuniones informativas con representantes del Gobierno nacional, provincias productoras, empresas petroleras, cámaras industriales, productores de biocombustibles y terminales automotrices.

La iniciativa todavía no obtuvo dictamen y, por lo tanto, tampoco tiene fecha confirmada para ser tratada en el recinto. No obstante, el avance de las reuniones permitió exponer las diferencias que existen entre las grandes compañías agroindustriales, las refinadoras y las pequeñas y medianas plantas que actualmente abastecen una parte importante del mercado interno.

El proyecto que respalda el Gobierno

Entre las iniciativas analizadas se encuentra el expediente 809/26, presentado por la senadora Patricia Bullrich junto con legisladores de La Libertad Avanza y espacios aliados.

El proyecto ingresó formalmente al Senado el 14 de mayo de 2026 y establece un nuevo marco regulatorio para la elaboración, almacenamiento, comercialización, mezcla y utilización de biocombustibles en todo el territorio nacional.

Durante la primera reunión informativa, funcionarios del Poder Ejecutivo expresaron su respaldo a este esquema. La propuesta oficial busca aumentar los cortes obligatorios, pero también evitar una suba demasiado acelerada que pueda encarecer el precio final de los combustibles.

En el caso del biodiésel utilizado en el gasoil, el proyecto establece inicialmente una mezcla mínima del 7,5% y prevé elevarla al 10% una vez transcurridos doce meses desde la entrada en vigencia de la ley.

Para el bioetanol incorporado a las naftas, el corte se mantendría inicialmente en el 12% y aumentaría al 15% después del primer año.

El Gobierno sostiene que esos niveles permitirían ampliar la participación de los biocombustibles sin generar un impacto significativo sobre los precios del gasoil y las naftas. Desde el Poder Ejecutivo también advirtieron que porcentajes superiores podrían trasladarse a los costos del transporte, la producción agropecuaria y otros sectores de la economía.

Un mercado con menos precios regulados

Uno de los puntos centrales de la reforma es la modificación del sistema mediante el cual se establece cuánto deben pagar las refinadoras por el biodiésel y el bioetanol destinados al corte obligatorio.

Actualmente, la Secretaría de Energía fija periódicamente los precios de adquisición y determina qué empresas pueden abastecer el mercado interno mediante cupos o asignaciones.

La propuesta oficial busca reemplazar progresivamente ese mecanismo por acuerdos comerciales entre privados y procesos competitivos para cubrir la demanda obligatoria.

El objetivo declarado es que los precios reflejen las condiciones reales del mercado, los costos de producción y la competencia entre proveedores, reduciendo la intervención administrativa del Estado.

Dentro de ese esquema, la paridad de importación funcionaría como una referencia para determinar si el precio interno resulta competitivo.

Qué significa la paridad de importación

La paridad de importación representa el costo teórico que tendría adquirir un producto en el exterior e ingresarlo al mercado argentino.

Ese cálculo puede contemplar el precio internacional del biocombustible, el transporte, los seguros, los costos portuarios, los impuestos y otros gastos necesarios para completar la operación.

En términos prácticos, el proyecto busca evitar que los precios negociados en el mercado interno se ubiquen de manera sostenida por encima de lo que costaría importar el mismo producto.

La paridad de importación no necesariamente funcionaría como un precio único fijado por el Estado, sino como un parámetro de comparación o un límite competitivo.

Si el biocombustible producido en la Argentina superara ampliamente esa referencia, la autoridad de aplicación podría habilitar importaciones para garantizar el abastecimiento y contener los precios.

Este mecanismo genera preocupación entre los productores nacionales, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, que advierten que sus estructuras de costos pueden ser diferentes a las de los grandes complejos agroindustriales o de proveedores internacionales.

El futuro de los cupos y las pymes

Otro de los aspectos más sensibles es la progresiva eliminación del sistema de cupos.

La legislación vigente reserva una participación relevante del abastecimiento interno a productores no integrados con las compañías petroleras y las grandes exportadoras de aceites vegetales.

Ese modelo fue diseñado para sostener a plantas pequeñas y medianas distribuidas en diferentes provincias y evitar una concentración completa del mercado.

La nueva propuesta mantendría inicialmente ciertos mecanismos de protección y volúmenes reservados, pero avanzaría gradualmente hacia un mercado más abierto, en el que podrían competir empresas de mayor escala, exportadores y productores integrados.

Desde el sector pyme sostienen que una liberalización acelerada podría concentrar la producción en las compañías con mayor capacidad financiera, logística y acceso a materias primas.

Durante las reuniones del Senado, representantes de estas empresas aseguraron que actualmente abastecen aproximadamente el 65% del biodiésel destinado al mercado interno y reclamaron que la futura ley preserve condiciones que garanticen su continuidad.

En cambio, los defensores de la apertura argumentan que una mayor competencia permitiría recuperar capacidad productiva ociosa, promover nuevas inversiones, mejorar la eficiencia y reducir las distorsiones generadas por los cupos administrativos.

Cinco proyectos bajo análisis

El plenario de comisiones no analiza únicamente la propuesta impulsada por Bullrich. En total, el Senado comenzó a discutir cinco expedientes destinados a modificar o reemplazar la Ley 27.640.

Además del proyecto oficialista, se encuentran bajo tratamiento iniciativas de los senadores Edith Terenzi Ávila, José María Carambia, Natalia Gadano, Alejandra Vigo, Carlos Espínola y Flavia Royón, entre otros legisladores.

Las propuestas presentan diferencias en torno a los porcentajes de corte, los mecanismos de fijación de precios, la participación de las pymes, el grado de apertura del mercado y el cronograma para abandonar las regulaciones actuales.

El 17 de junio, las comisiones realizaron una segunda ronda de exposiciones con especialistas y representantes de los distintos sectores involucrados. Al finalizar el encuentro, el presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, Flavio Fama, anticipó que continuarían las conversaciones para intentar consensuar un texto común.

El impacto sobre el precio de los combustibles

El resultado de la discusión será relevante no solamente para las empresas productoras, sino también para el mercado de combustibles y los consumidores.

El biodiésel y el bioetanol forman parte de las mezclas obligatorias que se comercializan en todas las estaciones de servicio. Por ese motivo, cualquier modificación en sus precios o porcentajes de participación puede incidir en el valor final del gasoil y las naftas.

El Gobierno considera que la competencia y la referencia de paridad de importación podrían ayudar a contener los costos. Sin embargo, los productores plantean que el impacto dependerá de las materias primas, la escala de las plantas, la logística y la evolución de los precios internacionales.

También será determinante la forma en que se diseñen las licitaciones y los mecanismos de abastecimiento. Una apertura sin suficientes oferentes podría generar concentración, mientras que un sistema con demasiadas restricciones podría mantener las distorsiones del régimen actual.

Una discusión que continuará en el Senado

Las reuniones realizadas hasta el momento tuvieron carácter informativo y permitieron recopilar opiniones técnicas, económicas y productivas.

El próximo paso será la búsqueda de acuerdos entre los bloques y las provincias interesadas para elaborar un dictamen. Recién después de esa instancia, el proyecto podrá quedar en condiciones de llegar al recinto de la Cámara alta.

Por ahora, la reforma no fue aprobada y continúa en comisión. La definición dependerá de que el oficialismo logre conciliar su propuesta de apertura con los reclamos de protección formulados por las provincias productoras y las empresas de menor escala.

La nueva ley podría representar uno de los mayores cambios regulatorios para la industria argentina de biocombustibles desde la sanción del régimen vigente. En el centro de la discusión quedarán el nivel de los cortes obligatorios, la conformación de los precios y el equilibrio entre competencia, abastecimiento y continuidad de las plantas nacionales.