La decisión del Gobierno nacional de avanzar con nuevos procedimientos sancionatorios contra personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas abrió una derivación inesperada en uno de los proyectos energéticos estratégicos de la Argentina. El diputado Maximiliano Ferraro puso el foco sobre Harbour Energy, que posee el 15% de Southern Energy, el consorcio que desarrolla el proyecto de exportación de GNL desde la costa rionegrina.
El anuncio realizado por el Gobierno de Javier Milei el jueves pasado volvió a colocar la explotación de hidrocarburos alrededor de las Islas Malvinas en el centro de la agenda energética nacional, pero también abrió un interrogante sobre uno de los proyectos de mayor escala que actualmente se desarrollan en Río Negro.
Por instrucción del Presidente, la Cancillería dispuso iniciar procedimientos sancionatorios sobre 45 sujetos, entre personas físicas y jurídicas, para determinar eventuales violaciones a las prohibiciones establecidas por la Ley 26.659 respecto de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas cuya soberanía reclama la Argentina.
El comunicado de la Oficina del Presidente fue todavía más amplio al advertir que las actuaciones no estarán dirigidas solamente contra las empresas que desarrollen directamente esas actividades, sino también contra accionistas y compañías que les presten servicios.
La decisión no menciona públicamente cuáles son las 45 personas o empresas investigadas. Sin embargo, apenas dos días después del anuncio presidencial, el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, introdujo un elemento que trasladó la discusión hacia uno de los principales desarrollos energéticos proyectados sobre la costa rionegrina.
Ferraro cuestionó la participación de Harbour Energy en Southern Energy y pidió explicaciones a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, sobre la situación jurídica de la compañía británica frente a los antecedentes sancionatorios existentes en la Argentina.
El legislador resumió su cuestionamiento con una frase contundente en sus redes sociales: “Inhabilitada por Malvinas, premiada con el RIGI”.
El dato adquiere relevancia porque Harbour Energy posee actualmente el 15% de Southern Energy, junto con Pan American Energy, que controla el 30%; YPF, con el 25%; Pampa Energía, con el 20%; y Golar LNG, con el 10%.
No se trata, por lo tanto, de un proyecto menor. Southern Energy desarrolla el esquema de licuefacción flotante que permitirá comenzar a exportar GNL desde la costa rionegrina y constituye una de las inversiones que buscan abrir una nueva vía de salida internacional para el gas producido en Vaca Muerta.
El planteo de Ferraro sobre Harbour Energy
El cuestionamiento del legislador se sustenta en los antecedentes de Premier Oil PLC.
En septiembre de 2013, mediante la Resolución 481 de la Secretaría de Energía, el Estado argentino inhabilitó a Premier Oil por 15 años para desarrollar actividades en el país, luego de considerar que había realizado actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, en zonas próximas a las Islas Malvinas, sin autorización de las autoridades nacionales.
Esa sanción fue dictada el 2 de septiembre de 2013 y, por el plazo establecido originalmente, alcanza hasta 2028.
Sobre ese punto, Ferraro sostuvo que, de acuerdo con los registros societarios británicos, Premier Oil PLC y Harbour Energy PLC no serían compañías diferentes, sino la misma persona jurídica, con un cambio de denominación realizado en 2021.
“Todos sabemos que un cambio de nombre no crea una persona jurídica nueva ni extingue las sanciones que pesaban sobre la anterior”, afirmó el diputado.
Y avanzó sobre el punto central de su planteo: “De ser así, la inhabilitación dispuesta en 2013 sobre Premier Oil PLC, vigente hasta 2028, alcanzaría a la sociedad hoy denominada Harbour Energy PLC”.
La relación societaria señalada por Ferraro puede comprobarse en el registro oficial de compañías del Reino Unido, donde Harbour Energy PLC aparece bajo el número societario SC234781 y Premier Oil PLC figura entre sus denominaciones anteriores.
Incluso el propio Estado argentino ya había establecido públicamente esa relación. En julio de 2021, cuando Cancillería y la Secretaría de Energía anunciaron nuevas actuaciones vinculadas con Malvinas, el Gobierno explicó oficialmente que Premier Oil se había fusionado con Chrysaor Holdings y que de esa operación había surgido Harbour Energy.
Ferraro también recordó expresamente el alcance de la sanción argentina. “En 2013, la Resolución 481 de la Secretaría de Energía inhabilitó por 15 años a Premier Oil PLC para desarrollar actividades en la República Argentina”, señaló, y agregó que, según su interpretación, “esa inhabilitación sigue vigente hasta 2028”.
Sin embargo, existe un elemento que obliga a mantener prudencia en la interpretación. En 2022, la Cancillería argentina informó que Harbour Energy se había retirado definitivamente del proyecto Sea Lion, mientras Navitas Petroleum decidió continuar. Fuentes del sector citadas por medios nacionales sostienen que, como consecuencia de esa salida, la sanción habría sido levantada, aunque esa eventual decisión no aparece explicitada en las comunicaciones oficiales consultadas.
Por eso, el punto planteado por Ferraro requiere ahora una definición oficial sobre el estado jurídico actual de aquella inhabilitación.
El pedido de explicaciones al Gobierno
Ferraro llevó el cuestionamiento directamente hacia la decisión administrativa que permitió la incorporación del proyecto de Southern Energy al RIGI.
“Ningún acto administrativo puede pasar por encima de una inhabilitación vigente”, sostuvo.
Y pidió una respuesta concreta a Caputo y Quirno sobre “cómo una empresa alcanzada por una inhabilitación firme hasta 2028 terminó formando parte de un proyecto beneficiado por el RIGI” y si el Gobierno tiene previsto adoptar alguna medida frente a esa situación.
El planteo no implica, por sí mismo, que Southern Energy haya incumplido las condiciones del régimen ni que exista actualmente una decisión oficial que invalide su adhesión al RIGI.
Tampoco se informó oficialmente que Harbour Energy forme parte de las 45 personas y empresas comprendidas en los nuevos procedimientos anunciados por el Gobierno.
Ese es, precisamente, el punto que quedó abierto después del anuncio presidencial y de la posterior intervención de Ferraro.
Southern Energy, uno de los proyectos estratégicos del país
La controversia adquiere otra dimensión por el tamaño y la importancia de Southern Energy dentro de la estrategia exportadora argentina.
El proyecto obtuvo formalmente la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante la Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía.
La documentación oficial establece que Southern Energy presentó una inversión total de US$6.878 millones, de los cuales US$2.825 millones fueron considerados inversiones en activos computables correspondientes a las primeras etapas del proyecto bajo las condiciones del RIGI.
Desde aquella aprobación inicial, el desarrollo además amplió considerablemente su escala.
Southern Energy avanzó con dos unidades flotantes de licuefacción, el Hilli Episeyo y el MKII, rebautizado Esperanza, que en conjunto tendrán una capacidad cercana a 6 millones de toneladas anuales de GNL, equivalentes a aproximadamente 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural.
El Hilli Episeyo está previsto para comenzar sus operaciones frente a Río Negro hacia mediados de 2027, mientras que el Esperanza se incorporará hacia mediados de 2028.
En agosto de este año, el primer buque dejó Camerún para dirigirse a Singapur, donde será sometido a tareas de mantenimiento, modernización y acondicionamiento antes de arribar a la costa rionegrina.
Harbour Energy, por su parte, continúa presentando públicamente el proyecto como una de sus inversiones estratégicas en la Argentina y en sus resultados del primer semestre de 2026 ratificó su participación del 15% y el cronograma previsto para comenzar las operaciones a mediados de 2027.
Una decisión presidencial que abrió una discusión inesperada
La situación coloca el debate en un terreno más complejo que una controversia exclusivamente partidaria.
Por un lado, el Gobierno nacional decidió endurecer la aplicación de la legislación argentina frente a empresas, accionistas y prestadores vinculados con la explotación de hidrocarburos en Malvinas.
Por otro, uno de los accionistas de un proyecto energético que el propio Estado considera estratégico tiene antecedentes societarios directamente relacionados con una compañía que fue sancionada por la Argentina en 2013.
Southern Energy quedó así involucrada indirectamente en una discusión que no nació de su proyecto de GNL ni cuestiona, hasta ahora, su desarrollo industrial, sus inversiones o su adhesión al RIGI.
El interrogante es otro: qué interpretación hará el Estado argentino sobre la situación jurídica actual de Harbour Energy a partir de la nueva política sancionatoria anunciada por el Presidente y del antecedente de Premier Oil que Ferraro considera todavía vigente.
Será el Gobierno nacional el que deberá determinar si aquella sanción continúa teniendo efectos y, en ese caso, si existe alguna incompatibilidad con la participación de Harbour Energy en inversiones desarrolladas dentro del país.
Mientras tanto, el episodio demuestra hasta qué punto la decisión presidencial sobre Malvinas puede tener derivaciones sobre la arquitectura empresarial de proyectos energéticos de enorme escala.
Y en Río Negro esa discusión adquiere una relevancia particular: Southern Energy es uno de los desarrollos llamados a transformar la costa marítima en una nueva plataforma exportadora del gas de Vaca Muerta y constituye una de las piezas centrales del crecimiento energético que la provincia proyecta para los próximos años.
