La Cámara de Servicios Petroleros afirmó que sus compañías asociadas “no participan ni participarán” de licitaciones para desarrollos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. La definición amplía el frente abierto alrededor de Sea Lion: ya no se trata solamente de pronunciamientos individuales de grandes proveedoras, sino de una posición institucional de una de las principales cámaras de servicios de la industria argentina.

La disputa alrededor de la explotación petrolera en las Islas Malvinas comenzó a generar consecuencias concretas dentro de la cadena de proveedores que trabaja en la industria hidrocarburífera argentina.

La Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE) confirmó que las 33 empresas que integran la entidad no participarán en procesos de licitación destinados a prestar servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas ni en los espacios marítimos circundantes.

La definición tiene particular relevancia porque CASEPE reúne a algunas de las compañías que aportan tecnología, equipos y servicios esenciales para la operación petrolera argentina, especialmente en Vaca Muerta. La cámara agrupa empresas especializadas en perforación, servicios especiales y servicios auxiliares y se define como una de las principales organizaciones empresariales del sector.

“Las empresas asociadas no participan ni participarán en procesos de licitación destinados a la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas ni en los espacios marítimos circundantes”, señaló la entidad en su pronunciamiento.

La declaración no menciona exclusivamente a Sea Lion. Sin embargo, el proyecto liderado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration es actualmente el desarrollo petrolero más avanzado en la zona y, por su magnitud y cercanía con la etapa de producción, constituye el principal proyecto alcanzado por el nuevo escenario.

De decisiones individuales a una posición sectorial

El pronunciamiento de CASEPE representa un escalón diferente dentro de la controversia.

Como viene informando Energía 360, en los últimos días algunas de las mayores compañías internacionales de servicios petroleros comenzaron a despegarse públicamente de cualquier participación en proyectos vinculados con Malvinas.

SLB, Baker Hughes y Halliburton fueron las primeras grandes proveedoras en aclarar que no participaban o no tenían previsto involucrarse en Sea Lion. Posteriormente se conocieron definiciones similares de otras compañías de servicios.

Ahora, el comunicado de CASEPE lleva esa posición al plano institucional.

No significa que haya que sumar automáticamente las 33 empresas de la cámara a cada una de las firmas que hicieron anuncios individuales, porque varias de esas multinacionales forman parte de la propia entidad. El dato relevante es otro: una cámara que representa una parte sustancial de la capacidad técnica y operativa de la industria petrolera argentina fijó como posición que sus asociadas no prestarán servicios para proyectos hidrocarburíferos en Malvinas.

Ese movimiento introduce un componente industrial en una disputa que hasta hace pocos días estaba concentrada principalmente en el terreno diplomático, jurídico y político.

El peso de los servicios petroleros

Un proyecto offshore de la escala de Sea Lion no depende exclusivamente de la empresa que posee la licencia y aporta el capital.

Para desarrollar un yacimiento en el mar es necesaria una extensa cadena de contratistas y proveedores: perforación, completación de pozos, ingeniería, construcción, servicios submarinos, logística, tecnología, mantenimiento, cementación, herramientas especiales, control de pozos y múltiples especialidades técnicas.

CASEPE reúne precisamente a empresas que participan de varios de esos segmentos.

Por eso, aunque la decisión de la cámara no implica por sí sola que Sea Lion quede sin capacidad para contratar proveedores internacionales fuera de la Argentina, sí aumenta el costo potencial para las compañías que pretendan combinar negocios vinculados con Malvinas y presencia dentro del mercado hidrocarburífero argentino.

Ese parece ser uno de los principales efectos buscados por la estrategia adoptada por el Gobierno nacional.

El Decreto 868/2026 cambió el escenario

La posición de CASEPE se conoció después de la publicación del Decreto 868/2026, mediante el cual el Gobierno nacional reforzó los mecanismos administrativos relacionados con la Ley 26.659, que regula la actividad hidrocarburífera en la Plataforma Continental Argentina.

La norma, publicada el 4 de septiembre en el Boletín Oficial, designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación y estableció procedimientos destinados a acelerar la actuación estatal frente a personas o empresas que puedan estar vinculadas con actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina.

Además, introdujo una condición especialmente relevante para las compañías que quieran operar dentro del país.

Las empresas interesadas en obtener permisos, concesiones, autorizaciones o habilitaciones contempladas por la legislación hidrocarburífera argentina deberán presentar una declaración jurada en la que manifiesten que no realizan ni realizarán las actividades alcanzadas por la Ley 26.659.

En el caso de personas jurídicas, esa declaración también alcanza a quienes tengan participación directa o indirecta en ellas.

La medida amplía así el análisis más allá de las compañías que desarrollan directamente un proyecto y coloca bajo observación sus estructuras societarias y determinados vínculos comerciales.

CASEPE ratificó su posición sobre la soberanía

En su comunicación, la cámara también reafirmó su “respeto a la soberanía de la República Argentina” y su compromiso con el “estricto cumplimiento” de la normativa vigente.

La entidad aseguró además que continuará promoviendo el desarrollo responsable y sostenible del sector energético argentino y vinculó esa tarea con el crecimiento económico y el fortalecimiento de la soberanía nacional.

La importancia del posicionamiento no pasa solamente por la cantidad de empresas representadas.

CASEPE nuclea a compañías que tienen participación directa en la actividad de los principales yacimientos argentinos y, particularmente, en el desarrollo de Vaca Muerta. Algunas de ellas poseen tecnología y equipamiento altamente especializado que resulta indispensable para ejecutar proyectos de alta complejidad.

Sea Lion sigue adelante

Mientras crece el número de proveedores que se distancia públicamente de las operaciones en Malvinas, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration mantienen su decisión de avanzar con Sea Lion.

Como informó Energía 360 desde diciembre de 2025, el proyecto alcanzó su decisión final de inversión y prevé iniciar la producción en 2028.

Navitas Petroleum controla el 65% del desarrollo y actúa como operadora, mientras Rockhopper Exploration posee el 35% restante.

Las compañías sostienen que cuentan con licencias válidas otorgadas por las autoridades de las islas y han señalado que las medidas adoptadas por la Argentina no deberían producir, por el momento, modificaciones materiales sobre el cronograma previsto.

La Argentina, por el contrario, considera esas actividades ilegales por haberse autorizado sin intervención de las autoridades nacionales en una zona cuya soberanía se encuentra en disputa con el Reino Unido.

El nuevo frente alrededor de Sea Lion

La discusión entra así en una etapa diferente.

El interrogante ya no pasa solamente por las sanciones que Argentina pueda aplicar directamente sobre Navitas, Rockhopper y otras compañías vinculadas con la explotación hidrocarburífera en Malvinas.

El nuevo frente está en la cadena de suministro.

Si las grandes compañías internacionales que trabajan en Argentina deben elegir entre participar de proyectos en Malvinas o preservar su acceso a Vaca Muerta y al resto del mercado energético argentino, la ecuación comercial comienza a adquirir un peso propio.

La definición de CASEPE es, hasta ahora, la señal colectiva más importante en esa dirección.

Después de los pronunciamientos individuales que Energía 360 viene siguiendo durante los últimos días, las 33 empresas agrupadas en la cámara dejaron establecido que no participarán de licitaciones hidrocarburíferas en las islas.

Sea Lion mantiene su hoja de ruta. Pero a medida que el proyecto avanza hacia la producción, Argentina intenta trasladar la disputa de soberanía hacia un terreno especialmente sensible para cualquier desarrollo petrolero de gran escala: quién está dispuesto a aportar los equipos, la tecnología y los servicios necesarios para hacerlo realidad.